Casación ratificó que CFK deberá seguir usando tobillera electrónica y respetar el régimen de visitas
El máximo tribunal penal del país rechazó los pedidos de la defensa de Cristina Kirchner para aliviar las condiciones de su prisión domiciliaria, y ratificó el uso de la tobillera electrónica y el control estricto de las visitas.
La Cámara Federal de Casación Penal decidió mantener las condiciones actuales de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, rechazando los recursos presentados por su defensa que solicitaban aliviar las restricciones, impuestas tras su condena a seis años por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
El fallo, dictado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, analizó en particular dos cuestiones: el requerimiento de autorización previa para recibir visitas fuera del listado permitido y la obligación de portar un dispositivo de monitoreo electrónico.
Durante una audiencia pública, el fiscal general Mario Villar se apartó del pedido inicial de revocar la prisión domiciliaria, señalando que la ex mandataria cumple con lo exigido judicialmente y que los motivos que justificaron su situación actual ya no subsisten.
La postura mayoritaria de los jueces Hornos y Barroetaveña fue sostener que tanto el control de visitas como el uso de la tobillera son herramientas válidas para garantizar una supervisión efectiva y brindar seguridad jurídica, tanto en términos procesales como personales para la ex presidenta.
En desacuerdo, el juez Borinsky se pronunció contra el uso del dispositivo de monitoreo y la limitación de visitas. Argumentó que CFK ya cuenta con custodia permanente de la Policía Federal y que los dispositivos electrónicos deberían reservarse para situaciones donde sean estrictamente necesarios, dado que se trata de recursos penitenciarios limitados.
La resolución también dejó claro que la prisión domiciliaria es una medida excepcional sujeta a revisión constante, y que si las condiciones cambian, la modalidad puede ser modificada. El juez Hornos subrayó que las condenas por delitos de corrupción deben cumplirse más allá del aspecto formal, y que la ley debe aplicarse sin distinción de jerarquías, en línea con la Constitución Nacional.
Finalmente, se confirmó que el lugar de cumplimiento de la pena no será modificado, ya que la Justicia penal no tiene competencia sobre el uso del espacio público, una atribución que recae en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.