Juicio a YPF: por qué Argentina afronta una millonaria sanción en dólares en tribunales de EE.UU.
La abogada Fernanda Sottano explicó el trasfondo legal del caso, que ya tiene condena firme y afecta al país con millonarias multas diarias
El juicio internacional por la expropiación parcial de YPF sigue generando consecuencias legales y financieras para la Argentina.
La justicia de Estados Unidos falló a favor del fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio tras la quiebra del Grupo Petersen, y ahora el país debe afrontar una indemnización de 16,1 millones de dólares más multas diarias por YPF.
En una entrevista con Radio Jornada 91.9, la abogada Fernanda Ninet Sottano, especialista en relaciones internacionales, desmenuzó la compleja trama legal, política y económica que rodea al caso. Explicó cómo se llegó a esta instancia, cuáles fueron las fallas del Estado argentino y qué impacto real puede tener esta condena sobre la soberanía y las finanzas públicas.
La jueza estadounidense Loretta Preska, quien falló a favor del grupo Burford contra Argentina por YPF
Una historia que arranca en los ‘90
Según la abogada, el origen del conflicto se remonta a 1992, cuando el gobierno de Carlos Menem privatizó YPF mediante una ley del Congreso. En 1999, la española Repsol compró un porcentaje de acciones, y en 2007 el Grupo Petersen, de capitales argentinos, adquirió otro 15%. Para concretar esa operación, se endeudó con bancos internacionales.
Con la reestatización parcial de YPF en 2012, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se expropió el 51% de las acciones, sin autorización judicial previa. Petersen, entonces en quiebra, fue reemplazado por Burford Capital, un fondo que compró el derecho a litigar en tribunales internacionales.
La jurisdicción y el fallo de Nueva York
El litigio se lleva adelante en tribunales de Nueva York, debido a que los contratos originales fijaban esa jurisdicción. La jueza Loretta Preska falló a favor de Burford en 2023, y ordenó una indemnización de 16,1 millones de dólares. Además, estableció una multa diaria de 2,5 millones por cada día de incumplimiento.
Sottano subrayó que lo reclamado no equivale al 51% de las acciones de YPF, ni afecta directamente su operación. "No se van a llevar las destilerías ni las estaciones de servicio. Lo que se busca es un resarcimiento económico", explicó. Sin embargo, para afrontar el pago, YPF debería endeudarse aún más, lo cual contradice los objetivos de equilibrio fiscal del actual gobierno.
La figura del Amicus Curiae en el juicio contra Argentina
Otro punto crítico es la posibilidad de embargar bienes del Estado. "Cualquier decisión que implique entregar activos debe pasar por el Congreso, porque afecta la soberanía nacional", indicó la abogada. Además, aclaró que no todas las acciones de YPF son embargables: las que cotizan en Wall Street podrían serlo, pero no sin autorización legislativa.
Actualmente, la Argentina intenta frenar los efectos del fallo mediante la figura del Amicus Curiae, solicitando la intervención del gobierno estadounidense como tercero "amigo de la corte" para intentar mitigar el impacto. "Ya no se discute si Argentina incumplió o no, sino cuán severa será la consecuencia", concluyó Sottano.