Desde la explanada del Poder Judicial en calle San Martín, el abogado Franco Ambrosini formalizó una grave denuncia: presentó un pedido de Jury de Enjuiciamiento contra el juez penal Sebastián Sarmiento, basándose en cinco fallos judiciales controvertidos, de los cuales tres derivaron en muertes y abusos que, según el denunciante, eran evitables.

Acompañado por Melisa y Andrés Pelayes, hijos del ex policía Héctor Pelayes, asesinado durante un robo en su casa de Rodeo de la Cruz en septiembre de 2023, Ambrosini afirmó que el delincuente que lo mató debería haber estado detenido. "Fue liberado un año y siete meses antes por decisión del juez Sarmiento, a pesar de que el Código Penal lo prohibía. Había un juicio abreviado y por la naturaleza del delito, no correspondía su libertad", remarcó.

Ese caso fue el punto de partida de una investigación más amplia. "Cuando Melisa me contactó por redes sociales para contarme su historia, descubrimos que no era un hecho aislado. Identificamos al menos cinco casos con decisiones judiciales similares, que sirvieron de base para esta presentación", explicó el abogado.

Uno de esos casos es el de Héctor Quiroga, asesinado también en ocasión de robo en 2017. "Se trataba de un delincuente con un prontuario extenso que también debería haber estado preso", dijo Ambrosini. El tercero involucró a un condenado a reclusión perpetua, liberado bajo régimen de libertad condicional. ¿El resultado? Una niña de 12 años fue víctima de abusos sexuales reiterados.

Ambrosini fue tajante: "Este juez no es común, porque no hay un órgano superior que revise sus decisiones. Y lo grave es que todas sus resoluciones generaron perjuicios irreparables".

Víctimas directas piden un cambio profundo en la Justicia

Melisa Pelayes, hija del oficial asesinado, aseguró que la denuncia busca no sólo justicia por su padre, sino una transformación profunda. "Nos contactamos con otras familias que pasaron por lo mismo, pero no se animaron a hablar. Esto le puede pasar a cualquiera, y no podemos vivir con miedo, dependiendo de jueces que liberan delincuentes sin medir las consecuencias", señaló.

"Si seguimos callados, estos jueces van a seguir actuando con impunidad", agregó visiblemente afectada. "Nosotros queremos salir a la calle con tranquilidad, vivir con seguridad y saber que quienes deben protegernos no están del lado de los delincuentes".

Los otros dos casos incluidos en el expediente judicial hacen referencia a decisiones administrativas del juez Sarmiento: una orden para que el Servicio Penitenciario y el programa PEUCE garanticen celulares, internet y dispositivos informáticos a todos los internos, suspendiendo normativas vigentes, y otra disposición para trasladar a dos presos al penal de San Rafael, desoyendo informes técnicos y pasando por alto los antecedentes de problemas de convivencia que justificaban su traslado a Mendoza.

Ambrosini concluyó: "La seguridad y la justicia están en riesgo si seguimos teniendo magistrados que desconocen los límites legales y actúan como si sus decisiones no tuvieran consecuencias. Hoy hay familias destruidas por esos fallos. Ya no se puede mirar para otro lado".