En este marco, los principales sindicatos de la actividad elevaron un reclamo formal al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, en el que exigen medidas urgentes para evitar un colapso operativo, social y ambiental en los yacimientos de la región.

En la misiva, firmada por Julián Matamala (Sindicato de Petroleros Jerárquicos), David Barroso (Sindicato de Petróleo y Gas Privado) y Ricardo Letard (Camioneros de Mendoza), se detallan tres puntos críticos: el sostenimiento de equipos esenciales, la creciente acumulación de pasivos ambientales y la necesidad de preservar el personal técnico y operativo.

Entre las disposiciones reclamadas se exige:

No intervenir los seis equipos activos -tres de San Antonio, dos de Emepa y uno de Clear-, cuya operatividad está en riesgo por un reciente cambio tarifario que afecta directamente su rentabilidad. La paralización de estos equipos amenaza con dejar fuera de servicio tareas clave como cementación, punzado, herramientas, slickline, wireline, bombeo, cargas líquidas y sólidas, entre otras, comprometiendo tanto la producción como el mantenimiento de los pozos.

Te Puede Interesar 

Advertencia ambiental. El freno a los trabajos de abandono técnico de pozos está generando una acumulación crítica de pasivo ambiental. Según los sindicatos, esta situación podría impactar gravemente en las napas de agua dulce de la región, con riesgos irreversibles para el ecosistema y las comunidades locales.

Evitar nuevos despidos. Solo en las últimas semanas, más de 300 trabajadores fueron desvinculados por empresas afectadas por la caída de actividad. La reducción de personal técnico y de mantenimiento pone en jaque la operatividad y seguridad de las instalaciones petroleras, alertan los gremios.

Pero lo que agrava aún más el cuadro es que dos empresas clave ya han decidido abandonar Mendoza:

Superior Energy, que tenía su base operativa en la provincia, está en proceso de retiro.

Geo Services, otra firma de servicios técnicos, también ha comenzado su salida.

Ambas compañías forman parte del entramado estratégico que da soporte a la producción de hidrocarburos en la región. Sus salidas implican nuevas pérdidas de empleo, migración de talento técnico y un deterioro aún mayor de la infraestructura local.

"Es el mismo patrón de siempre: las empresas se van, los equipos se paran, y los que quedan en el medio son los trabajadores y sus familias. Esto no puede seguir así", advierten los firmantes de la nota.

El escenario actual evidencia una falta de políticas claras y sostenidas para sostener la actividad petrolera en Mendoza, en un momento en que otras provincias compiten por atraer inversiones energéticas. Mientras tanto, la desinversión y la conflictividad laboral aumentan, y el riesgo de parálisis total en algunos yacimientos es cada vez más real.

Los gremios reclamaron al Gobierno provincial una respuesta política inmediata, que garantice condiciones básicas para la continuidad operativa, preserve el empleo y frene el deterioro ambiental. La estabilidad de una industria estratégica para la economía mendocina, advierten, está hoy en juego.