El Senado de Mendoza ha dado un paso fundamental al otorgar despacho favorable al proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público, que rige la relación de los trabajadores estatales desde 1973. El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue analizada en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto, y Asuntos Sociales y Trabajo. La senadora radical Natacha Eisenchlas solicitó formalmente el despacho del expediente, registrando que el cronograma de tratamiento incluía invitar a los sindicatos y otorgar tiempo a los legisladores para el análisis de la propuesta. Se espera que el proyecto, que ya cuenta con media sanción de la cámara baja, sea tratado en la sesión del próximo martes.

El Poder Ejecutivo justificó la necesidad de esta reforma argumentando que busca actualizar un marco normativo que posee más de 50 años de vigencia. La modernización se enfoca en adaptarlo a las restricciones presupuestarias, los criterios de responsabilidad fiscal y la jurisprudencia actual. Además, se busca eliminar aquellas disposiciones obsoletas o incompatibles con los principios de igualdad de acceso a la función pública.

Cambios Clave de la Reforma

Entre las modificaciones esenciales que plantea el proyecto, destacan:

• Alcance y Modernización: Se modernizan los artículos iniciales del Decreto Ley 560/73, extendiendo su alcance a personal que actualmente estaba excluido de la carrera administrativa.

• Estabilidad Laboral: Se establecen diferencias claras en los derechos de estabilidad laboral entre los agentes permanentes y los empleados interinos o contratados.

• Antigüedad e Indemnización: Se limita el cómputo de la antigüedad únicamente a aquellos servicios que cuenten con relación de dependencia y aportes previsionales. Asimismo, se actualizan las reglas de indemnización, fijando un plazo máximo de 30 días para su pago.

• Procedimientos Administrativos: Se busca eliminar procedimientos recursivos obsoletos y se establece la aplicación del procedimiento administrativo común, tal como lo prevé la Ley 9003.. En cuanto a la defensa del trabajador, se mantiene el acceso a los recursos administrativos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo y se habilita la acción procesal administrativa regulada por la Ley 3918 en caso de agotar la vía administrativa.

Pese al despacho favorable obtenido por el oficialismo, la reforma no cuenta con apoyo unánime. El senador representante del bloque de la Unión Mendocina anunció que su bloque presentará un despacho en minoría. Por su parte, Adriana Cano, jefa del bloque justicialista, afirmó categóricamente que no acompañarán el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.