El bloque de senadores del Partido Justicialista (PJ) expresó su rotundo rechazo a la reforma del Estatuto del Empleado Público, una medida que terminó siendo aprobada en la Legislatura gracias al voto de desempate de la vicegobernadora, Hebe Casado.

Desde el Justicialismo, la iniciativa fue calificada como un "retroceso en derechos laborales" y señalada como un ejemplo más de la "política de concentración de poder" impulsada por el gobernador Cornejo.

La senadora Adriana Cano fue una de las voces más críticas, cuestionando la visión del Ejecutivo sobre la medida: "¿De qué modernización hablan si lo único que hacen es pisotear derechos reconocidos y avalados incluso por convenios internacionales? Esta ley no mejora el Estado: lo precariza y lo vuelve más ineficaz", afirmó con dureza.

La crítica peronista se centró en la falta de transparencia en el acceso al empleo público. La legisladora recordó que, en 2016, el gobernador Cornejo había prometido implementar concursos para transparentar los ingresos a la administración pública. Sin embargo, destacó que en ocho años solo se realizaron 87 concursos sobre más de 100.000 empleados, una cifra que representa apenas el 0,1% del total.

"De aquel anuncio rimbombante solo quedó propaganda. Hoy prefieren sumar cargos políticos a dedo y vaciar los ámbitos paritarios, en lugar de fortalecer la transparencia y la calidad de los servicios públicos", sostuvo Cano.

Además, el PJ remarcó que la reforma legislada viola principios fundamentales del derecho laboral como la estabilidad, la continuidad y la progresividad. Los senadores peronistas advirtieron que su aplicación inevitablemente traerá judicialización y generará un "alto costo económico para la provincia".

El rechazo justicialista también hizo hincapié en el impacto directo que la precarización del empleo público tiene sobre la calidad de los servicios esenciales ofrecidos a los ciudadanos.

Cano advirtió que la provincia enfrenta problemas graves como la falta de médicos y docentes, el cierre de centros de salud y el deterioro de la infraestructura escolar. Detalló que un 45% de los médicos que finalizan su residencia en la provincia decide emigrar debido a los "salarios son de miseria".

La reforma fue aprobada sin el respaldo de la oposición y en medio de las manifestaciones de los gremios estatales, quienes ya anticiparon que recurrirán a la justicia. Cano advirtió que el costo de estos litigios por la norma "será millonario para la provincia".

Finalmente, el sector peronista concluyó que el proyecto representa "el fin de un ciclo, con un gobernador cada vez más despótico". La senadora sentenció que la gestión actual prefiere "ahorrar 300.000 millones de pesos en bicicleta financiera" mientras las escuelas se caen a pedazos, los médicos emigran y los salarios estatales se mantienen como "los más bajos del país".