El presidente Javier Milei firmó un nuevo decreto que cambia las reglas para las huelgas en sectores estratégicos. La medida obliga a mantener hasta un 75% de actividad en ciertos servicios durante los paros y extiende el listado de áreas consideradas esenciales. Además, crea una nueva categoría llamada "trascendentales", que también deberá seguir funcionando parcialmente durante una medida de fuerza.

La disposición quedó publicada este miércoles en el Boletín Oficial bajo el número DNU 340/25. Aunque oficialmente se presenta como una regulación para la marina mercante, el texto incluye un cambio de fondo con impacto sindical y político: desde ahora, más sectores están alcanzados por la obligación de garantizar servicios mínimos durante conflictos laborales.

Esta decisión, firmada por varios miembros del gabinete, fue rechazada rápidamente por las centrales sindicales, que la ven como una limitación directa al derecho constitucional a la huelga. Para muchos gremios, se trata de un nuevo intento del Gobierno de frenar las protestas en sectores clave.

El decreto establece que todas las actividades consideradas esenciales o trascendentales deberán asegurar un porcentaje mínimo de funcionamiento: el 75% en el primer caso y el 50% en el segundo. Esto representa un cambio fuerte respecto a la normativa anterior.

Hasta ahora, solo se consideraban esenciales aquellas tareas cuya interrupción podía afectar gravemente la salud, la seguridad o la vida de las personas. En esa categoría se incluían servicios sanitarios, agua, energía y control aéreo. Pero con el nuevo decreto, la lista se amplía considerablemente.

Entre los nuevos servicios esenciales, que deberán funcionar al 75% incluso durante huelgas, se encuentran:

Hospitales, farmacias y distribución de medicamentos.

Producción y distribución de agua, gas, combustibles y electricidad.

Internet, telecomunicaciones y servicios satelitales.

Transporte aéreo y control portuario, incluidos tareas como balizamiento, estiba y remolque.

Aduanas, migraciones y comercio exterior.

Educación desde el nivel inicial hasta el secundario, incluyendo la especial.

Transporte fluvial y marítimo de personas y cargas.

También se crea una segunda categoría: las actividades de "importancia trascendental", que deberán mantener el 50% de su funcionamiento. Esta lista incluye:

Producción de medicamentos e insumos médicos.

Transporte terrestre y subterráneo de personas y cargas.

Servicios de radio y televisión.

Industrias como la siderúrgica, cementera, química y del aluminio.

Toda la cadena alimentaria.

Actividades mineras, logísticas, reparación de barcos y aviones, aeropuerto, agro, frigoríficos, correo y materiales de construcción.

Servicios bancarios, hoteleros, gastronómicos y comercio electrónico.

Cualquier sector productivo vinculado a exportaciones.

Un dato clave es que el decreto también introduce un criterio económico para clasificar las actividades como trascendentales: si su interrupción afecta los objetivos fiscales del Gobierno, entonces podrán ser incluidas. Esto podría convertir casi cualquier protesta en una actividad restringida.

Desde la CGT ya anunciaron que presentarán recursos judiciales contra el decreto. Además, algunos sectores recuerdan que este tipo de medidas ya había generado tensión cuando Milei intentó aprobarlas en el DNU 70/23, actualmente frenado por la Justicia, y en la Ley Bases, que aún no tiene luz verde.

Mientras tanto, en educación y transporte hay creciente preocupación. Docentes aseguran que la norma pone trabas a los reclamos por mejores condiciones salariales, y desde el sector marítimo y aéreo advierten que podría usarse para frenar la protesta sindical mientras se avanza con la apertura del mercado.