El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich, puso en marcha este martes una nueva estrategia para el monitoreo de redes sociales y espacios digitales. La iniciativa, oficializada en el Boletín Oficial, contempla el uso de agentes encubiertos en plataformas virtuales con el objetivo de fortalecer la lucha contra delitos complejos.

El plan fue presentado bajo el título: "Protocolo para la Designación y Actuación de Agentes Encubiertos Digitales y Agentes Reveladores Digitales". Desde el ministerio explicaron que la medida responde a la necesidad de adaptar los mecanismos de investigación criminal ante el creciente uso del ciberespacio por parte de bandas delictivas dedicadas al narcotráfico, la trata, el terrorismo y la difusión de material de abuso sexual infantil.

Una de las novedades que introduce el protocolo es la creación de un Registro de Avatares, una base de datos con perfiles digitales ficticios que serán utilizados por personal entrenado para infiltrarse, siempre con respaldo judicial, en operaciones encubiertas. Esta herramienta se enmarca dentro de la Ley N.º 27.319, que regula las técnicas especiales de investigación.

Además, el protocolo contempla normas específicas de protección para los integrantes de las fuerzas federales que participen en este tipo de tareas, a fin de garantizar su integridad física y legal.

Este nuevo lineamiento se suma a otras acciones adoptadas previamente por Bullrich, como la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y la autorización para realizar "ciberpatrullajes" en redes sociales, una posibilidad abierta desde la Resolución 428/2024.

Como complemento educativo, se estableció un Consejo Académico Asesor ad honorem, encargado de diseñar los programas de formación para los agentes digitales encubiertos. Este consejo estará encabezado por el juez federal Ricardo Basílico y conformado por jueces, fiscales y autoridades de seguridad federales.

Según se detalla en el documento oficial, el propósito de este consejo será "definir los contenidos y criterios de capacitación" con el fin de optimizar la eficacia de las tareas de inteligencia judicial y reducir los riesgos operativos en investigaciones sobre estructuras criminales complejas.