El Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó en claro que observa con atención el desarrollo del litigio por la expropiación de YPF, luego de que la justicia de Estados Unidos dictara una sentencia adversa contra Argentina por miles de millones de dólares.

Así lo expresó este jueves la vocera del organismo, Julie Kozack, quien afirmó que el FMI está "siguiendo de cerca" la evolución del caso impulsado por los fondos Burford Capital y Eton Park. Ambos lograron un fallo favorable el año pasado que condena a Argentina al pago de US$16.000 millones, tras considerar irregular el proceso de estatización de YPF en 2012.

Además, a esa suma se le suman los intereses acumulados, por lo que el monto superaría actualmente los US$17.500 millones. Ante este panorama, el gobierno argentino ya presentó su apelación e inició el pedido formal para frenar la ejecución de la sentencia. Desde que se conoció el fallo, el plazo de respuesta es de 14 días hábiles.

YPF vuelve a estar en el centro del debate, no solo por las implicancias económicas, sino también por el fuerte impacto político que generó el fallo. Julie Kozack remarcó: "Estamos prestando especial atención a este tema, pero, como es nuestra política, no emitimos declaraciones sobre casos legales específicos que involucran a nuestros países miembros", en referencia a la disputa judicial por la estatización de la petrolera.

La controversia también reavivó un cruce entre el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof, quien era ministro de Economía en el momento de la reestatización de YPF.

Los próximos pasos en el proceso judicial ya tienen fecha: el próximo 7 de julio, los fondos demandantes deberán responder a la presentación hecha por el gobierno argentino a través del estudio jurídico Sullivan & Cromwell, según detalló el analista Sebastián Maril, especialista en el seguimiento del caso.

En ese documento, la defensa argentina sostuvo que la jueza Loretta Preska se extralimitó en su competencia, y que en la práctica no existe la posibilidad concreta de ejecutar una expropiación sobre el 51% de las acciones.