Este lunes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, presentó ante las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras los principales lineamientos del presupuesto solicitado por el Poder Judicial para el año 2026.

Garay explicó que se habían solicitado $177.000 millones, pero que el proyecto remitido por el Ejecutivo contempla $168.000 millones, es decir, $8.800 millones menos que lo previsto. "Eso nos va a obligar a rearmar el plan de inversiones", señaló.

Pese a ese ajuste, Garay confirmó que la obra del Polo Judicial de Tunuyán, actualmente con un 27% de avance, continuará con una partida garantizada de $2.800 millones para 2026. El resto de las inversiones en infraestructura y tecnología, dijo, serán readecuadas según prioridades.

En su exposición, destacó que el Poder Judicial ha reducido gastos corrientes y aumentado la inversión en bienes de capital, con mejoras en infraestructura, digitalización y eficiencia del servicio. "Hemos logrado invertir mejor los recursos y generar ahorros que se vuelcan en nuevas inversiones", explicó.

Entre los avances, mencionó:

La implementación de la ley de litigar sin gastos, que permitirá un ahorro de $163 millones y acortará trámites de varios meses a unos pocos clics.

Un chatbot en el 160, el Centro de Atención Judicial Ciudadana, que triplicará la atención sin aumentar personal.

La firma ciudadana electrónica, para legalizar documentos y autorizar viajes de menores de forma digital.

La puesta en marcha de un portal para consultar bienes secuestrados judicialmente, que permitirá a los ciudadanos identificar vehículos o pertenencias robadas y saber en qué fiscalía están.

Garay también hizo referencia a la evolución de la planta de personal y al impacto que la incorporación de tecnología ha tenido en la eficiencia del sistema judicial mendocino. "El Poder Judicial ha reducido su participación neta en el presupuesto general, pero con reformas e innovación estamos mejorando el servicio sin aumentar los costos", concluyó.