Con una inflación persistente y un nivel de actividad en retroceso, la Casa Rosada acelera el ajuste fiscal, intensifica la quita de subsidios y busca gestos de confianza para los inversores, en un escenario de crecientes tensiones sociales.

Ante la debilidad macroeconómica, el Ejecutivo avanza con disposiciones que apuntan a sostener cierta estabilidad: nuevos recortes en subsidios a energía y transporte, limitación de transferencias discrecionales a las provincias y una reforma previsional en análisis que contempla cambios en la fórmula de actualización y eventuales aumentos graduales en la edad de retiro. La baja en la recaudación, producto de la caída de la actividad, pone en riesgo el superávit primario, lo que obliga a estudiar alternativas de financiamiento y acuerdos con organismos multilaterales.

En el plano externo, con reservas escasas, el Banco Central actúa para controlar la brecha cambiaria, mientras el Ministerio de Economía negocia un posible nuevo programa con el FMI, condicionado a un paquete de reformas. A la par, se buscan inversiones en sectores como energía y economía real, con compromisos que dependen de garantías jurídicas.

La conflictividad social y sindical crece por la pérdida del poder adquisitivo y las políticas de ajuste; el Gobierno sostiene la asistencia focalizada, aunque sin revertir los recortes en programas. En la vereda política, la oposición se divide entre quienes ofrecen acompañamiento parcial y quienes cuestionan con dureza el rumbo económico. La estrategia oficial se sostiene en la disciplina fiscal y la promesa de reformas, aunque persiste la duda sobre si el tiempo político alcanzará para mostrar resultados.