Desde hace días, el posible recorte de los descuentos en las facturas de gas, amparados por la Ley 27.637, genera indignación en las "zonas frías" del país. Esta normativa federal permite reducciones de hasta el 50% en las tarifas, beneficiando a miles de hogares. 

En este contexto, el Concejo Deliberante de San Rafael votó de manera unánime un repudio a la intención del gobierno nacional. Para profundizar en el tema, Lacho Meilan conversó con Samuel Barcudi, titular del cuerpo legislativo sanrafaelino, en  "Las voces de jornada" por Radio Jornada FM 91.9.

Barcudi calificó la decisión gubernamental como una mezcla de "repudio y preocupación". Aseguró que la medida "viene a retrotraer un beneficio que viene reclamando el sur provincial de hace mucho tiempo".Este subsidio impacta directamente en la economía de 400.000 mendocinos, de los cuales 250.000 son sanrafaelinos, muchos de ellos sin acceso a la red de gas natural. 

El presidente del Concejo manifestó su desconcierto al ver estas políticas como un "ensayo", especialmente cuando en San Rafael se  frenó la obra del gasoducto.

"Se nos frenó la obra del gasoducto, o sea, no tenemos gas y se nos pretende cobrar más caro. Es el mensaje que nos está dando el gobierno nacional. En un departamento con olas de frío muy importantes, temperaturas de cercanas o bajo cero, la energía es esencial, y la propuesta del gobierno significa menos energía y más cara".

En Búsqueda de Apoyos y la Claridad sobre el Subsidio

Desde el ámbito político, Barcudi señaló la posibilidad de que el bloque justicialista replique acciones como la carta documento que envió el exdiputado José Luis Ramón al Gobierno Nacional. Sin embargo, aclaró que, como cuerpo institucional, el Concejo necesitaría "el consenso de todos los bloques" para una medida de esa índole, algo que podría ser difícil de lograr. Preocupa la falta de declaraciones contundentes del gobierno provincial, normalmente alineado con las políticas nacionales, lo que genera la sensación de que "quizás esta lucha estemos un poco solos".

Barcudi indicó que, según lo trascendido, la eliminación del subsidio podría implementarse "después de octubre", lo que sugiere una espera para "pasar el escollo electoral". Considera que la decisión del gobierno es "errónea", entre otras cosas porque el subsidio actual no proviene de las arcas del Estado nacional, sino que es un subsidio que aporta el resto de los consumidores con un recargo en la factura de un 6%.

La incertidumbre sobre el destino de ese 6% tras el recorte es una preocupación adicional, ya que podría seguir "subsidiándose a las empresas para que puedan generar divisas para para para para extraer del país, pero no para beneficiar a quienes, digamos, tenemos hoy la necesidad". Esto afecta particularmente a familias de "escasos ingresos" que ya luchan por pagar los servicios básicos.

Impacto Regional y un Llamado a la Racionalización

El presidente del Concejo Deliberante de San Rafael enfatizó la situación crítica del sur provincial: Malargüe carece de una amplia red de gas natural, y el gasoducto de San Rafael está "parado a un 90% por el gobierno nacional". Ante estas realidades, considera "sumamente injusta" la intención de quitar el subsidio. "Si ellos tienen que hacer alguna valoración subjetiva u objetiva de a quiénes está destinado el subsidio, lo pueden hacer", propuso, sugiriendo el cruce de datos con organismos como ANSES y AFIP para "mejorar la distribución del subsidio, pero no quitarlo" y así proteger a las "familias más vulnerables".

Sobre el alcance de la medida, Barcudi explicó que la derogación de la última versión de la ley dejaría fuera del beneficio a San Rafael y General Alvear, mientras que Malargüe, por su inclusión en un régimen anterior (Ley 25.565), no se vería directamente afectado por esta quita. La lucha continuará, y el Concejo de San Rafael seguirá "expresando al gobierno nacional que no nos perjudique a los sanrafaelinos". El presidente concluyó agradeciendo el espacio en Radio Jornada para visibilizar el reclamo y la necesidad de racionalizar el subsidio según los ingresos de las familias, sin vulnerar los derechos básicos de nadie.