La Policía de Mendoza comenzó a incorporar pistolas Taser como parte de su equipamiento operativo, tras la compra de más de 100 dispositivos. 

En una entrevista con Radio Jornada 91.9, el comandante Javier Ortiz, jefe de las Fuerzas Especiales de la provincia,  dio detalles sobre la capacitación, los criterios de uso, los riesgos asociados y el sistema de control implementado para su empleo. 

Según explicó, se trata de una herramienta de "baja letalidad" que busca evitar el uso de armas de fuego en situaciones de alta tensión. Sin embargo, su implementación abre preguntas sobre los límites éticos y las garantías en el uso de la fuerza.

Las Taser, armas de baja letalidad

Ortiz precisó que las Taser no se clasifican como armas "no letales", sino como dispositivos de "baja letalidad o letalidad reducida", ya que pueden generar lesiones leves e incluso de consideración. 

Su función principal es generar una inmovilización neuromuscular mediante descargas eléctricas, lo que impide el movimiento voluntario de quien la recibe. Inicialmente, estas pistolas solo estaban disponibles para las Fuerzas de Operaciones Especiales, pero con la compra reciente se habilitó su uso para personal policial regular y, eventualmente, para preventores municipales y entidades privadas que cumplan con los requisitos de capacitación y certificación establecidos por el Ministerio de Seguridad. 

"El dispositivo debe ser utilizado por personal capacitado, con criterio crítico y juicio profesional", insistió Ortiz. 

Subrayó que su uso está determinado por una guía de intervención, no por un protocolo rígido, lo que exige evaluaciones en tiempo real por parte del agente. 

Guía de uso, situaciones límite y supervisión judicial

La guía establece claras restricciones: no se puede disparar con pistolas Taser la cabeza, el cuello, el pecho ni los genitales; tampoco puede aplicarse sobre personas embarazadas, menores, personas con afecciones cardíacas o que estén en altura. Sin embargo, Ortiz reconoció que muchas de estas condiciones no pueden identificarse fácilmente en el momento. Por eso, el criterio del agente es clave. "El uso de la Taser se justifica solo si permite evitar un mal mayor", señaló y ejemplificó: "Si un menor está a punto de autolesionarse con un cuchillo, aplicar la Taser puede ser menos lesivo que dejar que continúe". 

Cada uso quedará registrado en una base de datos interna y también deberá documentarse administrativamente, con fecha, hora, lugar, resultado y nombre del operador. El modelo Taser 7, adquirido por la provincia, registra internamente los disparos realizados, la intensidad y la duración. 

Además, el 82% de las situaciones se resuelven sin llegar a disparar: basta con exhibir el dispositivo y generar un "arco eléctrico" visible y audible que actúa como elemento disuasivo. "Eso ya ha demostrado ser efectivo en estudios internacionales, como uno realizado en el Reino Unido", apuntó Ortiz. 

Uso progresivo y debate abierto 

Según el comandante, la Taser es una herramienta intermedia que permite evitar el uso de armas letales o el combate cuerpo a cuerpo. Su efecto es inmediato y dura 5 segundos, lo que permite inmovilizar al individuo y proceder con la detención.

Tras su aplicación, el afectado debe ser asistido por personal médico y evaluado clínicamente. Durante una demostración pública realizada días atrás, fueron instructores policiales quienes recibieron las descargas. "El efecto es como un calambre fuerte, pero desaparece rápidamente. A los segundos el efectivo se levantó y siguió trabajando", relató Ortiz, quien aseguró haber probado también el dispositivo. 

No obstante, el debate sobre el uso de estas armas sigue abierto. Aún persisten dudas sobre cómo garantizar que se utilicen bajo los parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y sobre los mecanismos para prevenir abusos o usos indebidos. "La clave está en la capacitación, el control y el juicio crítico del operador", repitió el jefe policial.