Buscan blindar a la Justicia de la política: proponen prohibir el indulto en casos de corrupción
Tras el fallo que impuso prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner, diputados del PRO presentaron un proyecto de ley para impedir que delitos de corrupción puedan ser indultados por el Poder Ejecutivo. La iniciativa es impulsada por el sector de Patricia Bullrich y apunta directamente a futuros intentos de amnistía
A menos de 48 horas de la decisión judicial que dispuso prisión domiciliaria para la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, un grupo de diputados del PRO presentó un proyecto que podría modificar de fondo el alcance del indulto presidencial en Argentina. La propuesta busca impedir que los delitos de corrupción sean objeto de perdón por parte del Ejecutivo, incorporando una cláusula de nulidad absoluta e insanable para cualquier acto que contradiga esa prohibición.
La autora del proyecto es Silvana Giudici, una de las legisladoras más cercanas a Patricia Bullrich dentro del bloque PRO. Con un estilo combativo y marcadamente antikirchnerista, Giudici explicó que la intención del proyecto es "armonizar la ley con el espíritu de la Constitución", en referencia al artículo 36 de la Carta Magna que declara imprescriptibles los delitos contra el orden democrático. "Cuando un funcionario usa su cargo para robar, atenta contra la democracia", sentenció la diputada.
La autora del proyecto es Silvana Giudici, una de las legisladoras más cercanas a Patricia Bullrich
Los artículos que quedarían blindados al indulto
El texto propuesto consta de solo dos artículos, uno de forma y otro de fondo. En concreto, propone modificar el artículo 2 de la Ley 27.156 incorporando un listado detallado de delitos que quedarán excluidos de cualquier posibilidad de indulto, amnistía o conmutación de pena.
Entre ellos figuran:
Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público
Cohecho y tráfico de influencias
Malversación de fondos públicos
Enriquecimiento ilícito
Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas
Exacciones ilegales
El proyecto fue acompañado por 13 diputados del PRO, todos identificados con el ala dura del partido y con estrechos vínculos con Bullrich: Sabrina Ajmechet, Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, María Eugenia Vidal, Florencia de Sensi, María Sotolano, Germana Figueroa Casas, Sofía Brambilla, José Núñez, Sergio Capozzi, Ana Clara Romero y Gerardo Milman.
La presencia de Vidal entre los firmantes fue vista como una señal hacia otros sectores del PRO, particularmente hacia el expresidente Mauricio Macri, lo que podría anticipar una convergencia en el debate interno del partido.
La presencia de Vidal entre los firmantes fue vista como una señal hacia otros sectores del PRO
Un mensaje al peronismo
El proyecto se presentó días después de que referentes del peronismo, como José Mayans y Eduardo "Wado" De Pedro, sugirieran que una eventual administración justicialista en 2027 debería indultar a Cristina Kirchner.
"Obviamente que lo primero que tiene que hacer quien asuma en 2027 es indultarla y revisar con criterio la proscripción", dijo Mayans. En tanto, De Pedro fue aún más enfático: "Para el gobierno que viene, la primera condición es Cristina libre".
De Pedro fue aún más enfático: "Para el gobierno que viene, la primera condición es Cristina libre"
Actualmente, sólo los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra están fuera del alcance del indulto presidencial. De aprobarse esta iniciativa, se sumaría una nueva categoría de delitos -los vinculados a la corrupción pública- que quedarían definitivamente excluidos del perdón.
Un debate que recién comienza
Aunque por ahora se trata solo de una iniciativa parlamentaria, la propuesta podría abrir una intensa discusión sobre los límites del poder presidencial, la independencia judicial y la politización de los fallos. En un contexto de fuerte polarización y con la figura de Cristina Kirchner nuevamente en el centro de la escena, la reforma propuesta no solo apunta al futuro inmediato, sino que instala un nuevo campo de batalla en la disputa por el control institucional.