A solo dos meses del comienzo de la temporada, Mendoza está cerca de contar con un marco normativo que establezca condiciones mínimas de funcionamiento para las escuelas de verano. La iniciativa, impulsada por la senadora Adriana Cano (PJ), obtuvo sanción en la Cámara Alta y ahora espera la sanción definitiva.

La seguridad y el desarrollo infantil como eje

En diálogo con "Matinal" en Radio Jornada FM 91.9 la legisladora comentó que el proyecto surge ante la falta de regulación para toda la provincia. Según Cano, las escuelas de verano ya no son un "lujo familiar" para convertirse en una necesidad para las familias cuyos niños continúan su educación formal y actividades diarias durante el verano. 

El proyecto de ley propone que los establecimientos presenten un plan pedagógico, contemplen la infraestructura adecuada y cuenten con personal capacitado, incluyendo profesores de educación física y auxiliares, en proporción a la edad de los niños y al tipo de actividad, ya sea terrestre o acuática.

Equilibrio entre regulación y continuidad de la oferta

La senadora destacó que la normativa busca un punto medio: garantizar la seguridad y el desarrollo de los chicos sin impedir la realización de las escuelas de verano. 

El proyecto no establece trabas para los municipios o instituciones privadas, sino condiciones mínimas que deben cumplirse para proteger a los niños y ofrecer tranquilidad a los padres.

Control y cumplimiento

Según explicó la senadora, el poder de policía seguirá siendo municipal, pero la ley prevé competencias concurrentes con la provincia. Esto permitirá generar convenios de colaboración para supervisar y controlar efectivamente el cumplimiento de la normativa. Cano enfatizó que sin un control real, las regulaciones podrían quedar "en letra muerta"

Un panorama en expansión

El relevamiento previo al proyecto evidenció que la demanda por escuelas de verano crece año tras año y se extiende a todos los departamentos de Mendoza, más allá de los grandes centros urbanos.

Cano señaló que instituciones como la Universidad Nacional de Cuyo, la Secretaría de Deportes y el Instituto de Educación Física participaron del diseño de la normativa, junto con varios municipios, para asegurar que los criterios de seguridad y desarrollo sean aplicables en toda la provincia