La resolución de la Sala III de Casación avala las medidas que fueron ordenadas por la jueza María Servini y luego ratificadas por la Cámara Federal sobre el análisis de los llamados entre los que integraban la mesa judicial del macrismo.

“Las decisiones impugnadas -relacionadas con la nulidad y alcance de una medida probatoria- no revisten la calidad de sentencia definitiva ni se equiparan a ella”, sostuvieron los camaristas Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani.

“Frente a una investigación en curso como la de autos la medida por el momento, más allá de su conducencia, no aparece como irrazonable en relación a los derechos que se dicen vulnerados”, ratificó Casación.

En el expediente se investiga una presunta organización delictiva integrada, entre otras personas, por altos funcionarios del anterior gobierno -entre ellos, el ex Presidente Mauricio Macri-, “quienes se habrían valido del poder estatal y de los recursos públicos a su disposición para llevar a cabo múltiples actos ilícitos en contra de las empresas del “Grupo Indalo”, -en particular, las sociedades que se encargan de administrar medios de comunicación- y de los beneficiarios finales de todas esas compañías, Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa”.

Descubren a jueces y fiscales que visitaban a Macri en la Quinta de Olivos antes que se dictaran fallos contra el kirchnerismo

Una de las personas imputadas en la causa es el abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, a quien se sindica como uno de los actores centrales de la denominada “Mesa Judicial” del anterior gobierno. Particularmente, se le atribuye haber participado en maniobras extorsivas perpetradas en contra de Carlos Fabián De Sousa, Cristóbal Manuel López y los socios de este último.

En la causa, un informe elaborado por la DAJUDECO da cuenta de los registros de llamadas existentes entre “Pepín” y distintas personas -varias de ellas de la más alta relevancia político-institucional de nuestro país-, que tuvieron lugar en períodos de tiempo que se corresponden con los hechos investigados en la causa, entre ellos estaría la figura de Rosenkrantz.

La jueza Servini había ordenado los entrecruzamientos de llamados entre los imputados para determinar las conexiones en fechas consideradas clave en la investigación sobre la situación de las empresas de López y De Sousa, y como con distintas resoluciones el gobierno de Cambiemos fue acorralando a las empresas del conglomerado empresario y a sus accionistas.

Ante una apelación de Macri, la Cámara Federal porteña ratificó la medida pero le ordenó a la magistrada circunscribirla a hechos concretos de la investigación y no realizarla de manera general.

El 29 de octubre pasado, Servini delimitó “el marco temporal de la medida de prueba dispuesta a los 10 días anteriores y posteriores” a ciertos sucesos. Las defensas volvieron a apelar y alegaron “violaciones al derecho a la intimidad, como asimismo cuestiones de Estado y de seguridad nacional”.

En la causa, Servini ya citó a declaración indagatoria a Simón para el 26 de mayo.