Tras el acuerdo preliminar alcanzado con los principales grupos de bonistas, el Gobierno se prepara para una aún más dura negociación con el Fondo Monetario Internacional. En los próximos días formalizará el pedido de inicio de las discusiones de cara a acordar un nuevo programa que reemplace el stand by firmado por Mauricio Macri, que incluirá una pulseada por la orientación de la política económica, y redefina el esquema de repago de los USD49.000 millones entre capital e intereses que el país le adeuda al organismo. En Economía esperan que el proceso tome ritmo en septiembre, en paralelo a la presentación del proyecto de presupuesto 2021 que deberá votar el Congreso, y se extienda durante seis o siete meses.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, considera insoslayable la renegociación con el organismo. Lo dejó en claro en la conferencia de prensa del martes pasado en la que anunció el acuerdo con BlackRock y sus aliados: “Argentina necesita un nuevo programa con el FMI porque no puede pagar la carga de deuda que tiene entre 2021 y 2023”. Allí, se concentra casi la totalidad de los vencimientos legados por Macri y la exdirectora gerente del Fondo, Christine Lagarde, con compromisos que en algunos años rondan los USD20.000 millones.

Con la premisa que enarbola desde el inicio de su gestión, “crecer para poder pagar”, el ministro buscará despejar ese horizonte inmediato. Así, con un prestamista de última instancia que no acepta quitas, buscará un período de gracia de al menos tres años, además de estirar todo lo posible el calendario de vencimientos para evitar que se acumulen cargas inafrontables en un mismo año, indicó una fuente oficial a BAE Negocios. Una suspensión de pagos equivalente a la que propuso en su oferta inicial a los bonistas y que terminó por ser de sólo un año, aunque el acuerdo alcanzado dejará un alivio de USD42.500 millones en el lapso 2020-2024.

La discusión de los nuevos plazos de repago al organismo es un punto central. Ocurre que el perfil de vencimientos en dólares con los acreedores privados que surja de los canjes externo y local planteará obligaciones en torno a USD7.000 millones anuales entre 2025 y 2027, y de alrededor de USD9.000 millones en 2028 y 2029. A ello se sumarán los nuevos compromisos pautados con el FMI.

El análisis de sustentabilidad de la deuda del propio organismo sugería que, para que la deuda fuera sostenible, las necesidades financieras en moneda extranjera no deberían superar el 3% del PBI anual. En plena coronacrisis, las proyecciones de crecimiento son esquivas. Pero los cálculos privados apuntan a que ese porcentaje podría equivaler a unos USD12.000 ó 13.000 millones.

En ese sentido, el Fondo tiene dos modelos de programa posibles. Un nuevo Stand By plantearía un plazo de repago de entre tres años y cinco años, siempre bajo determinadas prescripciones fiscales a negociar. Un Extended Funds Facilities, en cambio, daría un margen de hasta diez años pero plantearía necesariamente abrir el debate a las llamadas “reformas estructurales” en términos laborales, previsionales y tributarios, que implicarían flexibilización y ajuste.

Sea cual sea el caso, las tradicionales recetas del FMI no faltarán en la mesa. Lo reconoció Sergio Chodos, representante argentino ante el organismo, en diálogo con El Destape Radio: “El FMI no giró 180 grados; no es un organismo de desarrollo ni de ayuda al crecimiento, sino que financia procesos de ajuste o de crisis de balanza de pagos o de endeudamiento. Esa es su naturaleza”. La certeza es que la alianza tejida con Kristalina Georgieva durante la pulseada con los bonistas desaparecerá: luego de garantizarse cobrabilidad y más allá del “rostro humano” exhibido en plena pandemia, el organismo pugnará por imponer los intereses de sus principales accionistas, con Estados Unidos a la cabeza.

Con todo, Guzmán aseguró que buscará un programa “con premisas distintas que reflejen lo que Argentina sí necesita para crecer”, a diferencia del acuerdo anterior que ya fue cancelado. Si bien el Gobierno evita hablar de un plan económico, las primeras señales en ese sentido se verán en la presentación del Presupuesto 2021, que contendrá proyecciones cambiarias, inflacionarias, fiscales y de crecimiento. Es por eso que en ese marco acelerarán las conversaciones.

La intención oficial es cerrar el acuerdo con el Fondo antes de abril para luego iniciar la negociación con el Club de París, con quien Argentina enfrenta un vencimiento de entre USD2.000 y USD3.000 millones en mayo de 2021. El objetivo, con este nucleamiento de países acreedores, será recortar la actual tasa de interés del 9%.

Fuente BAE