El Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación expresan su preocupación ante el acto violento y discriminatorio que impide la donación de sangre a la Comunidad LGTBI+. 

A raíz de la denuncia efectuada por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), se tomó conocimiento que la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohemoterapia y Terapia Celular (AAHITC) incluyó como impedimento a “varones que tengan o hayan tenido relaciones entre hombres” y “mujeres que tengan o hayan tenido pareja sexual hombre que tiene también sexo con hombres”. 

La Resolución No 1507/15 del Ministerio de Salud de la Nación a través de la cual se establecen los indicadores a incluirse en el “Documento para la Autoexclusión pre- donación” eliminó expresamente como prohibición y/o impedimento para donar sangre la orientación sexual y/o la identidad de género de las personas. De esta forma, se abandonó una concepción discriminatoria, estigmatizante y se adoptaron los estándares científicos que no hacen foco en “grupos de riesgo” sino en las “prácticas de riesgo”. 

Considerar la orientación sexual, la identidad y/o expresión de género de la persona como impedimento para la donación de sangre constituye no solo un acto discriminatorio, violento e injustificado, contrario a la legislación vigente, sino además responde a un discurso médico que históricamente ha patologizado a las personas LGBTI+. 

En ese sentido, se le solicitó a la Asociación que se remueva del formulario el impedimento de donar sangre en virtud de la orientación sexual, identidad de género y su expresión, y 

además se remarcó la necesidad de incorporar la perspectiva de género para que no vuelva a ocurrir actos de esta gravedad. 

Las actividades vinculadas a la donación de sangre son de interés nacional, de orden público, para toda la sociedad. Por eso, el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación expresan su profundo rechazo ante estos actos de discriminación y se comprometen públicamente a arbitrar las medidas necesarias para prevenir y erradicar estas situaciones.