Esta semana la Suprema Corte de Justicia impulsará el debate sobre el interrogante sobre la validez de la designación de Teresa Day como ministro: “¿Cómo debe interpretarse y cuáles son los alcances del requisito constitucional de ejercicio de la profesión para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia (art. 152, inc. 3 de la Constitución de Mendoza?”.

El interrogante se generó luego de que el gobernador Rodolfo Suarez enviara el pliego de Day al Senado Provincial. La duda surge concretamente en saber si la abogada cumplía con los requisitos que exige la Carta Magna local. El art. 152, inciso 3 determina que, para ser juez o jueza de la Corte, se debe “ser abogado con título de universidad nacional y con 10 años de ejercicio de la profesión u 8 de magistratura”.

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Omar Palermo, presidente de la Sala Segunda de la Corte, citó para el jueves 30 de julio, a las 9.30, a una “audiencia pública informativa virtual” antes de que el tribunal en pleno se expida.

Las posturas antagonicas son claras, desde la oposición advierten que la experiencia en el ejercicio de la profesión se ratifica con litigios y actividad como abogado/a. Day, en cambio, hizo su carrera dentro de la estructura del Ministerio Público.

Por otra parte, el oficialismo ya se expidió cuando fue el tratamiento del pliego. Allí se hicieron presentes Cambia Mendoza y el Frente de Izquierda.

En tanto, el PJ, Protectora y el PI habían presentado previamente una declaración de certeza y una medida cautelar para definir la postura de la SCJ en relación a la interpretación de ese artículo de la Constitución.

Días atrás, en tanto, los jueces Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez le solicitaron al presidente de la SCJ, Dalmiro Garay, que se llamara a la ex suprema Aída Kemelmajer aportar a la resolución de este interrogante que se plantea tras la designación de Day.