A poco más de dos semanas de un nuevo aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la Cámara Federal dio la orden de insistir en la pista de la organización Hezbolá como causante del ataque e instruyó al Consejo de Seguridad de la ONU que arbitre los castigos correspondientes a Irán para que entregue a los fugitivos de la justicia argentina.

El fiscal a cargo de la UFI AMIA Sebastián Basso solicitó una prórroga por la instrucción del caso que fue concedida en una resolución, a la que accedió el portal de la agencia de noticias israelí Ynet Español, que tiene como fecha este 25 de junio y lleva las firmas de los jueces Mariano Llorens y Martín Irurzun, además de la secretaria, Ivana Quinteros.

Basso pide que se declare extinguida la acción penal “por violación a la garantía del plazo razonable” para ser juzgados y la Cámara cita una serie de resoluciones precedentes que ameritan no se haga lugar al pedido de extinguir la acción penal y sobreseer a los acusados y también subraya nuevamente el carácter de “delito de lesa humanidad –como tal imprescriptible–“.

El texto insiste con la necesidad de reiterar en todas las diligencias procesales para esclarecer el acto. Mencionan la participación de Samuel Salman El Reda, quien es “sindicado como el coordinador de la fase final del operativo que concluyó en el atentado”, y recalcan que el sujeto carece de la condición de funcionario de Irán y corroborada su permanencia en el Líbano, “resultaría indispensable la activación de los mecanismos del Consejo de Seguridad de la ONU a fin de que mediante la utilización de sanciones progresivas obligue a ese país del Medio Oriente a la extradición o juzgamiento del nombrado”.

Asimismo, la resolución también refiere a la conexión probada entre El Reda y otros inculpados de intervenir en el ataque, como Mohsen Rabbani, Farouk Omairi, Assad Ahmad Barakat, Mohamad Hassan Garib e Ihmad Moughnieh y la necesidad de fijar las funciones que llevaban a cabo en la Triple Frontera.

En última instancia, la Cámara Federal insiste en que la extensión otorgada se “orienta a enfatizar la necesidad que de la continuidad de la labor investigativa (…) se dirija a brindar una respuesta que permita el avance de la causa”, porque los hechos investigados “supusieron ante todo una flagrante violación de los derechos fundamentales, al punto de haber sido calificados como un delito de lesa humanidad”. La misma tendrá una duración de seis meses y la resolución se da en el marco de un nuevo aniversario del atentado, que el 18 de julio cumplirá 26 años de impunidad.