Los reconocidos juristas Aldo Guarino Arias y Miguel Mathus Escorihuela participaron en un debate virtual sobre Portezuelo del Viento. Recordaron que existen, además de los cuatro estudios realizados por universidades nacionales, dos estudios más del Instituto Tecnológico de Massachusetts y diez de consultoras internacionales. “Portezuelo tiene el estudio más completo de la historia de nuestro país”, aseguraron. Afirmaron que solo se quiere dilatar la concreción de una obra proyectada hace más de seis décadas.

Dos de los máximos expertos en Derecho de Aguas participaron en un encuentro virtual sobre Portezuelo del Viento, la obra más importante del siglo para Mendoza, que cumple más de seis décadas desde su planificación, y que, luego de numerosos estudios de impacto ambiental y de la aprobación unánime del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, recibió un revés en el seno de la misma organización en las últimas semanas ante los reclamos de la Provincia de La Pampa. En la charla participó como invitado el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú.

Se trata de Miguel Mathus Escorihuela, doctorado en Derecho Ambiental y Recursos Hídricos, vicerrector de la Universidad de Mendoza, profesor emérito, premio de la Orden Civil Alfonso X el Sabio por su trayectoria en ciencia, cultura, docencia e investigación; y de Aldo Guarino Arias, miembro de numerosas academias, comisiones e institutos, entre ellos la Comisión Honoraria de Estudios para la transferencia del Dique Embalse El Nihuil y la Comisión por la Provincia de Mendoza del Comité Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) y miembro del Consejo Honorífico Asesor del Archivo de Historia del Agua.

“El tema está agotado”, dijo Mathus Escorihuela, quien aseguró que pedir un nuevo estudio de impacto ambiental solo tiene como finalidad “dilatar aún más la obra”.

“Llevamos 64 años de negociaciones, hemos hecho perder el tiempo a dos generaciones”, observó el experto. Además, recordó que la construcción de la represa se aprobó en el seno del COIRCO “por unanimidad” y se ratificó con votos mayoritarios en 2017. “Portezuelo tiene el estudio más completo de la historia de nuestro país”, afirmó.

Recordó que existen dos trabajos del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), trabajos de consultoras internacionales –que incluso han sido publicados por universidades europeas, como la Complutense de Madrid–, que se suman a los cuatro últimos que se han realizado: de la Universidad Nacional del Litoral, de la Universidad de La Plata, de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad Nacional de Cuyo.

“No hay nada que consensuar respecto al río Colorado, está todo debidamente aprobado en el seno de COIRCO y refrendado por ley”, expresó. Por eso, pidió que se anule el artículo del tratado del río Colorado que establece que el Poder Ejecutivo arbitra en caso de controversias. “Tenemos que someternos al laudo de la Corte Suprema de la Nación, no del presidente”, resaltó.

“Estamos hartos de la actitud dilatoria y obstruccionista. Debemos recuperar con fuerza y vigor nuestra autonomía provincial en el marco de la Constitución Nacional y poner punto final al espolio que estamos sufriendo de forma permanente por la Nación y las otras provincias”, reclamó.

Guarino Arias citó la jurisprudencia internacional para afirmar que la provincia tiene derechos sobre el río Grande, que alimentará una represa que además permitirá almacenar agua para los años de pocas nevadas y administrar el riego para toda la cuenca.

“Mendoza tiene el derecho privativo y exclusivo de usar el agua del río en usos no consultivos. Además, Portezuelo no altera la cantidad y mejora la calidad del agua”, agregó.

“Las otras provincias no tienen injerencia, mucho menos de participar en los beneficios económicos cuando no aportan ni un centavo, ya que la obra es financiada 100% por Mendoza”, explicó Guarino Arias.

“Las cuestiones privativas del COIRCO deben ser dirimidas por la Corte, porque la injerencia del Gobierno nacional es una violación gravísima al sistema federal, mucho más cuando el presidente (Alberto Fernández) se presenta en el domicilio de uno de los litigantes a decir que no va a financiar la obra, con total desconocimiento de la causa”, resaltó.

Ambos recordaron que la Provincia de La Pampa cobra el 50% de las regalías de la energía producida por Los Nihuiles, un complejo hidroeléctrico construido, financiado y mantenido por Mendoza.

Esto se debe al Decreto 1560/73, que reparte la mitad del dinero del complejo sureño a la vecina provincia. Por eso, ambos llamaron al Ejecutivo nacional a “bajar el nivel de beligerancia” de La Pampa.

“Debemos pedirle con firmeza al Gobierno nacional que haga un llamado de atención a La Pampa, para que deje de lado los términos beligerantes, porque la guerra no solo es usar armas de fuego sino incurrir en hechos, actos y palabras que significan una agresión contra la concordia de los estados federales”, clamó Guarino Arias.

En el encuentro, organizado por organizado por la Cátedra Alberdi y los Jóvenes Liberales Demócratas, participaron también los diputados Guillermo Mosso, María José Sanz, Hebe Casado y Gustavo Cairo.

Obra licitada

Cabe recordar que, a pesar de los reclamos de La Pampa, el viernes 3 de julio se realizó la licitación internacional para construir Portezuelo del Viento.

“Con la apertura de propuestas para la construcción de Portezuelo del Viento, los mendocinos damos un gran paso adelante, en un largo camino de más de 50 años”, aseguró el gobernador Rodolfo Suarez.

“Lo hacemos convencidos de la importancia y solidez de Portezuelo, que aportará al desarrollo económico, social y ambiental de Argentina. Con energía limpia, trabajo de calidad y cuidado del agua, avanzamos con esta gran obra, en un día histórico para todos”, enfatizó Suarez.

En el acto de apertura estuvieron presentes el ministro de Infraestructura y Planificación, Mario Isgro; el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié; el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez; el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, y el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda.

La megaobra hidroeléctrica más importante de los últimos años cumple con todos los reglamentos del COIRCO y de las leyes nacionales y provinciales vigentes. En los últimos cuatro años, trabajaron en su planeamiento y estudio 17 organismos nacionales y provinciales, 4 universidades y 7 consultoras.

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