El proyecto de ley de alquileres que se tratará mañana en el Senado cuenta -en líneas generales- con el consenso de grupos de inquilinos y de distintos representantes del sector inmobiliario que participaron de su tratamiento.

“Si sale tal cual lo que se consensuó, en lo que corresponde profesionalmente estamos de acuerdo, después como toda ley si es aceptado o no lo va a decidir el camino que vaya transitando la nueva ley, pero en la mayoría de los puntos estamos de acuerdo”, dijo a Télam el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar.

Señaló que “en relación a lo que tiene que ver con garantías, las distintas alternativas ya las venimos aplicando, la bancarización a distintos sistemas ya lo venimos haciendo”.

En tanto, desde Inquilinos Agrupados (IA) dijeron que la nueva ley pondrá “fin al aumento semestral y la fijación unilateral del precio” al tiempo que consideraron que permitirá que “se blanquee todo el mercado inmobiliario”.

“Luchamos contra viento y marea. Sabemos que en este contexto es la mejor ley que podemos conseguir y tenemos mucho trabajo por delante. Deberemos seguir de cerca su implementación y su cumplimiento, y quedará mucho más por resolver. En materia de acceso a la vivienda este es el primer paso importante que damos”, dijo el presidente de IA, Gervasio Muñoz.

Por su parte, el presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), Eduardo Brigada, señaló a Télam que desde la entidad “trabajamos en todas las oportunidades con los distintos proyectos; el proyecto es muy consensuado, reúne casi todas las opiniones que se han ido vertiendo; el momento que se está atravesando es muy difícil pero está bien que avance”.

Brigada consideró que “al mercado le va a dar imprevisibilidad; el inquilino hoy sabe cuánto va a pagar desde que comienza hasta que termina, en cambio con la actualización por índice hay una incertidumbre, puede que el alquiler siga los valores de mercado o no”.

Acerca de las garantías señaló que “cuanto más posibilidades se le da al locatario, es un bien que se le hace al mercado”.

“El cambio más trascendente es el plazo del alquiler, de 2 a 3 años, es un tema importantísimo, también el tema de la actualización, el tema de las expensas, que se deja bien aclarado cuales son las que están a cargo de los locatarios y cual de los locadores, son puntos trascendentes”, agregó.

Sostuvo que “una ley se puede juzgar de buena o mala con el tiempo y con el uso, las partes locadores y locatarios van a darle la razonabilidad y el mercado se va a adaptar o no; se empezará a caminar con ese marco regulatorio que no hay que tenerle miedo, hay que adaptarse y el tiempo dará los resultados”.

En declaraciones a esta agencia, el director de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), Mariano Malbrán, dijo que “nuestra función como intermediarios es acercar las partes, siempre en el marco de la ley vigente. La nueva ley de alquileres, debería discutirse a fondo teniendo en cuenta la realidad del inquilino para asegurar el acceso y del propietario para evitar que se retiren propiedades de la oferta”.

“Si eso no sucede, advertimos que se terminaría retrayendo el mercado y profundizando el déficit habitacional estructural que tiene nuestro país”, advirtió.

Por su parte, el asesor inmobiliario Daniel Zampone afirmó que “el verdadero problema no es el costo del alquiler que subió en promedio un 20% menos que la inflación de 2019” y agregó que “para el propietario, la rentabilidad hoy está en su mínimo histórico”.

En tanto “para el inquilino, el alquiler y las expensas se llevan en algunos casos más del 50% de su salario. La gran pregunta es entonces quién es el culpable. La respuesta es inequívoca: la inestabilidad económica y la maldita inflación”, aseguró.

“El Estado lo único que debe procurar es que el inquilino tenga un salario justo, un trabajo estable y que no pierda poder adquisitivo. También debe volcar sus esfuerzos el reactivar el crédito para que un gran número de inquilinos puedan acceder al techo propio”, consideró Zampone.