La pandemia de covid-19 ha incrementado los niveles de inseguridad y violencia contra las mujeres y, sin una atención específica de los gobiernos, podría agravar las desigualdades de género y los niveles de discriminación”. Así lo advierten tres organizaciones no gubernamentales de ámbito internacional a los gobiernos en una guía que acaban de publicar.

El documento, elaborado por Amnistía Internacional, Women’s Link Worldwide y la Federación Internacional de Planificación de la Familia y titulado Protecting the rights of women and girls in times of the COVID-19 pandemic and its aftermath (Protegiendo los derechos de las mujeres y las niñas en tiempos de la pandemia del covid-19 y sus consecuencias), está concebido como una hoja de ruta para que los gobiernos tomen las medidas necesarias para proteger los derechos de las mujeres y las niñas, “que se ven afectadas de forma desproporcionada por la pandemia, especialmente las que sufren formas interrelacionadas y persistentes de discriminación”.

En el documento, las tres organizaciones hacen un llamamiento a los Estados para que “escuchen las voces de las mujeres y conviertan las regiones en lugares mejores para todas las mujeres y niñas después de la COVID-19” e instan a los gobiernos a “hacer cuanto esté en su poder para garantizar que “no se deja de lado a las mujeres y niñas y que se respetan sus derechos”.

“Esta crisis ha dejado al descubierto la discriminación estructural y sistemática que han sufrido mujeres y niñas desde hace mucho tiempo” afirma el documento y añade que mujeres y niñas que han soportado esta marginalización “sufren esta crisis de una forma especialmente desproporcionada”.

Las organizaciones afirman que los gobernantes deben aprovechar este momento para atajar los efectos inmediatos y los de largo plazo que tendrá la pandemia, poniendo en marcha políticas y otras medidas que eliminen la reproducción de injusticias y mayores desigualdades. El documento resalta que “cualquier medida en el corto, medio o largo plazo para responder a esta pandemia, debe respetar y proteger los derechos humanos”.

Según la guía, la mayor parte de los países las denuncias de violencia contra las mujeres, y en particular de violencia de género en el ámbito familiar, “han aumentado de forma alarmante” y que, según datos recientes de la Organización Mundial e la Salud (OMS), las llamadas de emergencia se han incrementado en hasta un 60% en comparación al último año en muchos países. En otros, la disminución de las denuncias por estos tipos de violencia pueden significar una mayor dificultad para alertar de estar violencias por parte de las mujeres que conviven bajo el mismo techo con su maltratador.

Según la guía, para las mujeres que sufren la violencia de género, incluida la violencia sexual, “los elevados niveles de impunidad y los obstáculos para acceder a la justicia ya eran uno de los mayores desafíos en la región antes de la covid-19”. Por eso, advierten, que es fundamental que además de tomar medidas en materia de salud pública, los Estados “cumplan también con sus obligaciones internacionales de garantizar la diligencia debida en la investigación de todos los casos de violencia de género”, tanto durante los confinamientos como después de que se levanten las restricciones.

Antes de que estallara la pandemia, una de cada cinco mujeres sufría violencia de género.El documento resalta el hecho de que antes de que estallara la pandemia, una de cada cinco mujeres en el continente sufría violencia por parte de su pareja en el hogar y que las medidas de confinamiento y las medidas de aislamiento para contener la propagación del virus “ha expuesto a mujeres y niñas a mayores riesgos de abusos” y a menudo sin el apoyo que necesitan.

Si bien diversos países de Europa como España, Francia, Irlanda, Italia, Portugal Austria o Bélgica están tomando medidas concretas para proteger a mujeres y niñas del riesgo de sufrir violencia de género (poniendo en marcha campañas de información, creando refugios temporales o habilitando hoteles y promoviendo líneas de ayudas), “la pandemia ha puesto de manifiesto, también, la deficiencia de las medidas implementadas en “tiempos normales”, lo que “ha limitado la capacidad de reacción ante la crisis”.

En este contexto, “los Estados deben tener en cuenta las discriminación de género y otras formas de marginalización que se entrelazan y que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas en este contexto; “particularmente cuando se garantiza el acceso a servicios esenciales y urgentes, la atención posterior al aborto y el tratamiento del aborto espontáneo, la anticoncepción y los productos de higiene menstrual; y al garantizar la asistencia y protección de las personas que corren el riesgo de sufrir violencia doméstica y sexual y otras formas de explotación, trata y otras formas de explotación”, recoge la guía.

Las organizaciones afirman que algunos países no han tomado medidas concretas para garantizar el acceso seguro y oportuno, así como la información necesaria sobre los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia, y denuncian que algunos “parecen estar usando las restricciones como oportunidad para menoscabar o restringir aún más” estos derechos.

Según las ONG, en muchos casos los hospitales y consultorios han reducido al mínimo los servicios de salud sexual y reproductiva o los han cerrado debido a la escasez y redistribución del personal, entre otras razones. En muchos lugares, acceder a servicios clínicos normales es ahora sumamente difícil.

Pero también las organizaciones de la sociedad civil, han manifestado su preocupación sobre países que están usando la emergencia del coronavirus para restringir aún más el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, construyendo sobre las barreras preexistentes para acceder a ellos.

“Restringir servicios esenciales es poner en peligro la vida, la salud y el bienestar de cientos de miles de mujeres. Los países que anteponen la atención han tomado medidas para proteger la seguridad y la libertad de las mujeres y las niñas. Esto se puede hacer; no hay excusas para abandonar a su suerte a las mujeres y niñas”, afirma Caroline Hickson, directora regional de la Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia.

Las tres organizaciones llaman la atención sobre las “sombrías perspectivas” económicas para millones de mueres tras la emergencia del coronavirus, que afectará de forma desproporcionada a las mujeres, especialmente a aquellas que trabajan en sectores asistenciales o informales y a las que ya sufren marginación.

Especialmente cuidadosos deberán ser con los derechos de las que sufren formas de discriminación múltiples o interrelacionadas, como “las romaníes, las migrantes o las solicitantes de asilo, las trabajadoras sexuales, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans y otras en situación de marginación que están más expuestas a ser objeto de actuaciones de agentes estatales”, afirma el documento.

La guía da una serie de recomendaciones a seguir por los Estados en materia de violencia de género, acceso a los servicios de salud reproductiva y de aborto, derechos de las mujeres y menores migrantes o sobre cómo garantizar el acceso de las mujeres y las niñas a la justicia.

fuentes: AI, Parlamento Europeo, EFE, AgenPress.