Intelectuales, juristas, militantes de derechos humanos y familiares lanzaron una campaña internacional para exigir al gobierno de facto boliviano que otorgue salvoconductos a las siete exautoridades que permanecen asiladas desde hace más de siete meses en la embajada de México en La Paz.

Se trata del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el exministro de Defensa, Javier Zavaleta; el exministro de Gobierno, Hugo Moldiz; el exministro de Justicia, Héctor Arce; la exministra de Culturas, Wilma Alanoca; el exgobernador del Departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez y el exdirector de Agencia de Tecnologías de Información, Nicolás Laguna.

Todos ellos ingresaron a la residencia de la Embajada mexicana apenas consumado el golpe de Estado el pasado 10 de noviembre de 2019. Participaron de la campaña difundida en redes sociales bajo el hashtag #LibertadParaLxs7Asiladxs el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni ; el sociólogo, periodista y escritor Atilio Borón; la abogada Lyllan Luque, querellante en juicios de lesa humanidad en Argentina y patrocinante de la familia de Sebastián Moro , el joven periodista fallecido en Bolivia bajo dudosas circunstancias; y la hija del asilado Hugo Moldiz, Patricia Moldiz, entre otras figuras.

En la presentación de la campaña internacional, Virginia Carranza, docente de Historia y miembro del Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, destacó que a los asilados en la Embajada “no solamente se les niegan los salvoconductos sino que también son objeto de una campaña sostenida de hostigamiento por parte de las fuerzas especiales de la policía boliviana”. Parte de ese accionar se vio reflejado el pasado 14 de junio, cuando más de 200 agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía llegaron a las inmediaciones del predio con la intención de amedrentar a los asilados, en un amplio despliegue que incluyó tanquetas, carros de asalto y la división canes.

Por su parte, el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni insistió con que a partir del 10 de noviembre de 2019 lo que se instaló en Bolivia fue un Estado de No Derecho. “Esto se da cuando no sólo se rompe el derecho interno y convencional sino que se afecta el derecho de gentes, es decir el patrimonio básico del derecho internacional de todos los tiempos. Y eso se ha hecho y se sigue haciendo fundamentalmente por la situación en que se encuentran las siete personas que se mantienen como rehenes en la Embajada”, explicó.

Zaffaroni expresó que el derecho de asilo “no sólo está reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otras convenciones, sino que es producto de la base consuetudinaria de todo el derecho constitucional”. También aseguró que en Bolivia asistimos a un nuevo caso de lawfare, aunque en este caso es mucho más grave ya que “no se compran jueces sino que se los amenaza directamente”. Por último, el juez de la CIDH destacó que en su visita in situ, la Comisión “advirtió al gobierno de facto para que entregue los salvoconductos de salida, no obstante son siete meses que han pasado y estos salvoconductos no se han entregado”.

Atilio Borón, dijo que el “asalto al poder por parte de Jeanine Áñez es algo que pocas veces se vio: un salvajismo, una violencia, un racismo, un odio contra el pueblo boliviano que es difícil de encontrar en la historia de América Latina”. Para el autor de “América Latina en la geopolítica del imperialismo”, se trata de una “venganza contra el desafío de los pueblos originarios que dieron origen al mejor gobierno de la historia de Bolivia”.

La filósofa, docente y militante de la Patria Grande, Isabel Rauber, destacó que se trató de un día especial para lanzar la campaña internacional, ya que en el mismo día se conmemoró en Argentina el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. “Esta epopeya comandada por Guemes tiene mucho que ver con Bolivia. Tal vez nosotros sin querer ser pretenciosos estamos dando una suerte de continuidad a esta gesta por la libertad latinoamericana”, aseguró.

Rauber recordó también a la Organización de Estados Americanos (OEA), que fuera noticia al denunciar supuestas irregularidades en los comicios electorales del 20 de octubre de 2019 que tras un demorado recuento le daban el triunfo al expresidente Evo Morales, hoy asilado en Argentina. “Ya que estos señores golpistas son tan amantes de las decisiones de la OEA, harían bien en cumplir todas sus cartas orgánicas, sobre todo el derecho al asilo diplomático”, destacó con ironía.

Por su parte Lyllan Luque, sostuvo que “la pandemia llegó a Bolivia antes, y se trata de una pandemia que ataca directamente a sus propios ciudadanos”. Para el cierre de la presentación de la campaña quedaron las palabras de Patricia Moldiz, hija del exministro de Gobierno, Hugo Moldiz. “Esta campaña tiene como objetivo hacer que quienes tenemos la dicha de estar libres podamos unirnos para luchar por la libertad y la entrega de los salvoconductos de los siete. Las familias ya no pueden esperar mas”, aseguró Moldiz, que hace más de 200 días no ha vuelto a ver a su padre.