En lo que constituye un nuevo golpe a la batalla del presidente Jair Bolsonaro contra los poderes legislativo y judicial, la Corte Suprema de Brasil ordenó la detención de seis militantes fascistas acusados de haber liderado manifestaciones antidemocráticas.

Las movilizaciones, que seguian consignas como el cierre de la Corte y el Congreso, o el pedido de intervencion militar, fueron convocadas bajo el amparo del propio mandatario. Entre los detenidos se encuentra Sara Winter, una activista que llegó a la ultraderecha tras dejar el feminismo y que se reconoce como líder del grupo autodenominado 300 de Brasil (en referencia a los espartanos de la película dirigida por Zack Snyder), integrado por una treintena de activistas armados que el pasado fin de semana invadieron una de las terrazas del Congreso y dispararon fuegos artificiales contra la sede de la Corte Suprema.

El domingo, la Policía Civil de Brasilia ya había detenido a otro reconocido militante bolsonarista, Renan Sena, que fue identificado como uno de los miembros del grupo que atacó la sede del Tribunal Supremo.

La orden de detención temporal contra los seis militantes de ultraderecha fue dictada por el juez Alexandre de Moraes y se produce en el marco de una investigación abierta por el Supremo, a pedido del Ministerio Público Federal, que indaga una posible violación de la Ley de Seguridad Nacional en la celebración de actos contra la democracia brasileña, los cuales se repitieron en las últimas semanas en plena crisis del coronavirus. También buscarán esclarecer si la recaudación de fondos de los 300 de Brasil incumple la ley de Seguridad Nacional.

“El propósito de los arrestos temporales es escuchar a los investigados y esclarecer cómo funciona el esquema criminal”, dijeron desde la oficina del fiscal general, Augusto Aras, según informó el diario Folha de São Paulo. El objetivo de Aras es establecer si hubo “actos contra el régimen democrático” por parte de ciudadanos, entre los que se encuentra la activista Sara Winter y algunos diputados federales, algo que habilita la intervención del Tribunal Superior.

La dirigente ultraderechista, que en realidad se llama Sara Giromin pero adoptó el seudónimo de Winter en honor a una militante de la Unión Británica Fascista muerta en 1944, encabezó a mediados de mayo un acampe armado en la Plaza de los Tres Poderes, vecina al Supremo Tribunal Federal, a la Cancillería y al Planalto, sede del gobierno federal. Winter admitió que algunos de los miembros del campamento estaban armados y que defienden una “intervención” de los militares en Brasil para permitir que Bolsonaro pueda gobernar sin las ataduras del Congreso y la justicia.

La joven fascista de 27 años fue en 2013 la fundadora de Femen en Brasil, un movimiento a favor del aborto, antes de dar un viraje ideológico de 180 grados y convertirse en las elecciones de 2018 en una bolsonarista activa. Winter, que también es investigada en otros procesos, incluyendo uno abierto por la Corte Suprema para identificar autores de fake news contra ese tribunal, divulgó recientemente en sus redes sociales un video en el que amenaza al magistrado Alexandre de Moraes y promete “convertir su vida en un infierno”.

“El Tribunal nunca se someterá, como no se ha sometido a lo largo de toda su historia, a ningún tipo de amenaza velada, indirecta o directa y seguirá cumpliendo su misión”, indicó su presidente, José Antonio Dias Toffoli. “Esas actitudes, financiadas ilegalmente, han sido reiteradas y estimuladas por una minoría de la población y por integrantes del propio Estado”.

Tras ser impedido de hacer manifestaciones frente a la presidencia, un grupo de simpatizantes del jefe de Estado en Brasilia participó de una protesta frente a la sede del Comando del Ejército con pancartas como “SOS Fuerzas Armadas” e “Intervención militar con Bolsonaro en el poder”. Si bien esta vez no contó con la presencia del presidente Jair Bolsonaro, el acto recibió el apoyo del ministro de Educación de Brasil, Abraham Wintraub, también investigado por la difusión de fake news. Weintraub acudió a ese acto sin llevar mascarilla, obligatoria en Brasilia, lo cual le valió una multa de 2 mil reales.

Bolsonaro, un nostálgico de la última dictadura militar (1964-1985) cada vez más rodeado de representantes del ejército en su gabinete, mantiene una lucha encarnizada con los poderes legislativo y judicial, que suspendieron o matizaron algunas de sus más polémicas medidas, como la liberación de armas a la población civil.

El mandatario recordó que las Fuerzas Armadas están bajo “su autoridad suprema”, según dicta la Constitución, y que éstas “no cumplen órdenes absurdas”, como “la toma del poder”, ni tampoco aceptan “tentativas” por parte de otros poderes basadas en “juicios políticos”. La declaración se produjo poco después de que un juez del Supremo delimitara en una sentencia las funciones de los militares.

PS