El oficialismo de la Cámara de Diputados logró esta madrugada convertir en ley el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, que otorga un conjunto de incentivos fiscales para el desarrollo de industrias claves para el desarrollo del país.

Tras once horas de sesión, la iniciativa quedó aprobada con 133 votos afirmativos, cinco negativos y 88 abstenciones.

Juntos por el Cambio optó por abstenerse en la votación, y no acompañó por oponerse a las modificaciones que el oficialismo había introducido en el Senado, antes de su retorno a Diputados.

“El proyecto que viene del Senado es superador y mejora notablemente el que habíamos aprobado en la Cámara de Diputados originalmente”, sostuvo el presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática, Pablo Carro (Frente de Todos).

El texto de la iniciativa establece que las empresas podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan pagado, y tendrán tiempo para utilizarlo “hasta 24 meses desde su emisión para la cancelación de tributos nacionales”, a excepción del impuesto a las Ganancias.

Dicho bono podrá ascender al 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.

Por otra parte, la normativa establece que las empresas beneficiarias del sector gozarán de una reducción del impuesto a las Ganancias en un porcentaje que varía en función del tamaño.

El texto original que había girado Diputados preveía que ese beneficio de descuento de Ganancias fuera del 60% para todas las empresas, pero uno de los cambios que le hizo el Frente de Todos al proyecto en el Senado fue un esquema segmentado.

De esta manera, el 60% de descuento aplicará para las pymes y micropymes, al tiempo que la reducción será de 40% para las medianas y 20% para las más grandes.

Este fue el motivo que desencadenó el rechazo de Juntos por el Cambio, que pretendía eliminar la escala introducida en el Senado y que el descuento del 60% fuera general para todas las empresas independientemente de su tamaño.

Para acceder a los beneficios las empresas deberán acreditar que el 70% de su facturación del último año está vinculada a las actividades promovidas o presentar un caso ante la autoridad de aplicación cuando no alcance ese porcentaje.

El texto de la ley define como sujetos alcanzados a la industria del software, la producción audiovisual, biotecnología, bioinformática, ingeniería genética, nanociencia, industria aeroespacial y satelital, e ingeniería nuclear, entre otras actividades.

“Este proyecto es inclusivo, federal, progresivo, y solidario. Va a diversificar la matriz productiva, va a generar empleo de calidad, va a incorporar jóvenes en el mercado de trabajo, va a generar polos de desarrollo federal, va a generar un aumento de las exportaciones y de generación de divisas. Es un proyecto que va a colocar a la Argentina en los primeros lugares del mundo en este sector de la economía”, manifestó Carro, el miembro informante del oficialismo.

Por su parte, la radical Karina Banfi criticó al oficialismo por volver a tratar un proyecto que ya había sido aprobado en 2019 bajo el Gobierno de Cambiemos.

“Con este proyecto hasta acá llegamos. No vamos a acompañarlo porque no vamos a acompañar la incoherencia con la que se están moviendo. Vamos a abstenernos”, había adelantado la legisladora opositora en el debate.

Su par del PRO Silvia Lospennato también reivindicó la ley original que se había “trabajado con el sector privado”.

“Trabajar con el sector privado no es mala palabra. Es lo que hace cualquier país que busca desarrollarse y crecer: se alía con su sector privado y productivo para crear empleo, la única vacuna contra la pobreza”, enfatizó.

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