Ley de Medios

La de Medios, es ley. Ley de la República, por amplia mayoría de votos en ambas cámaras. Ley apoyada entonces y ahora por las universidades argentinas, por diversas agrupaciones de comunicadores, por radios comunitarias, por expertos en la cuestión mediática. Ley con todas las de la ley.

Por ello, hay que cumplirla. Es todo. Ya no es momento de discutirla, que esto o aquello no me gusta, que me  parece que debiera ser diferente. Esa es una treta de quienes perdieron en el Congreso: hacer como si la ley no estuviera aprobada, sino como si estuviera en período de discusión legislativa.
 
Por cierto que la ley está en aplicación. Pero se ha logrado detener judicialmente el artículo 161. Es importante, porque es el que limita el número de licencias que puede tener un mismo dueño.
 
Es lo que está discutiéndose en estos días. Pero, en primera instancia, debiera desde el 7 de diciembre presentarse plan de adecuación de los grandes grupos mediáticos a la ley.
 
Lo cierto es que esta no es una ley "del gobierno", como muchos pretenden sostener, intentando convencer de que todo quien no esté con el gobierno estaría contra la ley. Es una ley que fue aprobada por muy diversas agrupaciones políticas (el socialismo y el grupo de Solanas, entre otros). Y no es una ley contra alguien en especial, sino que se aplica por igual a todos quienes superan el mínimo de licencias permitido -unos 26 grupos diferentes, según se ha informado-.
 
Tal cual se  plantea por la ley (y como lo ha ratificado Sabbatella, quien está a cargo de la autoridad de aplicación) en ningún caso debieran dejar de existir medios que hoy están emitiendo, ni quedar trabajadores sin su sitio de actividad periodística. Porque no se cerrarían los canales de TV o las radios, solo cambiarían de dueño, para lograr así que exista máxima pluralidad en las opiniones que a los argentinos nos toque escuchar.
La libertad de expresión está vigente en Argentina, hasta se ha podido ridiculizar a la presidenta con una tapa oprobiosa en una revista, sin que hubiera censura previa ni requisa  posterior. Este ha sido el gobierno que -por iniciativa propia- derogó la penalidad por injurias, para permitir que los periodistas no vivieran siempre en riesgo de ser llevados a juicio. La libertad de opinión está salvaguardada.
 
Se trata de que quiera opine (y los dueños de grandes grupos mediáticos seguirán haciéndolo), pero sin el privilegio de hacerlo -a la misma vez- por multiplicadísimas vías. Se trata de que el derecho a opinar sea para más emisores. Se trata de que el derecho a escuchar las más diversas versiones -derecho no de unos pocos grandes propietarios, sino de los millones de pobladores del país- pueda cumplirse cada vez con mayor profundidad.
 
Los medios electrónicos privados usan licencias dadas por el Estado, y ello convierte su rol en un rol público. No tienen por qué llevarse bien con el gobierno, pero sí deben llevarse bien con la verdad y la ecuanimidad. Si así no lo hicieran, no se trata de un problema privado, como que usáramos mal una ropa personal que nos compramos. Se está lesionando el uso de una licencia otorgada por el Estado para el ejercicio de una función pública de entretenimiento e información.
 
Siendo así, es claro que los dueños de medios electrónicos son licenciatarios de una frecuencia, lo que los pone en cierto símil con el servicio que brindan, por ej., los autobuses. Estos son privados, pero realizan función pública. Y es responsabilidad tanto de la sociedad como del Estado que esa función se realice de la manera más favorable para el conjunto de los habitantes de la Nación, lo cual está más garantizado cuanto más voces y más pluralidad de emisores de medios existan y propalen.