Sobre golpismos e instituciones

Afortunadamente, las instituciones parecen haber salido consolidadas. Cuando esto escribimos, aún están prefectos y gendarmes protestando en la calle por un reclamo salarial, extendido luego de haber sido satisfecho inicialmente.

Querían que el decreto reglamentario de pagos se echara atrás; así se hizo, se les pagó como el mes anterior, pero aparecieron luego otras reivindicaciones laborales.
Como tales, son reivindicaciones atendibles, si bien difícilmente puedan otorgarse todas de una vez. Una gran industria del juicio y privilegios extraordinarios de las cúpulas de estas fuerzas (había un jefe que ganaba más de 90.000 pesos mensuales) fueron presionando en el sentido de crear descontento y llevar a la medida de fuerza.
Los prefectos aclararon de entrada que no se trataba de golpe de Estado ni de desestabilización, y es notorio que para la gran mayoría de los participantes ha sido así. Por supuesto, no falta nunca algún astuto, dentro de los que protestan, que quiera aprovechar para otra cosa: desestabilización, golpismo o como hoy se lo quiera llamar. De inmediato apareció por Internet la proclama de un presunto Sr. Belgrano –que sin embargo nada tiene de prócer– llamando a las FFAA a que tiren abajo a todas las autoridades electas en el país, agregada la mínima pátina de que debieran apelar a “juicio político” a las autoridades (juicio que no lo hacen las FFAA ni las asambleas populares que a alguien se le ocurriera, sino el Congreso de la Nación, lo cual hace que tal juicio sea casi completamente inviable; y así quede al desnudo la intención definidamente golpista de quien ha escrito la proclama).
Los participantes en la protesta se han mantenido en la calle a pesar de las múltiples exhortaciones que se les ha hecho en contrario, de parte de diversas organizaciones políticas y sociales. Es legítimo reclamar, pero no lo es hacerlo de esta manera. Fuerzas de seguridad no pueden poner en vilo a la población. Afortunadamente, el mantenerse dentro de los límites del reclamo sectorial ha sido lo que se ha impuesto.
Para ello ha sido decisivo el rechazo de casi todo el arco político a la asonada, teniendo en cuenta antecedentes nada tranquilizadores como los de las revueltas policiales en el Ecuador y luego en Bolivia. Incluso sectores muy enfrentados con el Gobierno (caso extremo son Bullrich y Amadeo) han firmado el repudio a la metodología de protesta y a la posible desestabilización política. Esto debe destacarse, pues a menudo la polarización entre gobierno y oposiciones ha ocultado que la mayoría de estas, aun atacando al gobierno de manera constante y homogénea, se han mostrado esta vez defensoras coherentes de las instituciones establecidas y de la legalidad democrática.
También aparecieron las conocidas proclamas y reclamos por Internet (total, allí se puede sostener la cobardía del anonimato) llamando a un cacerolazo golpista, que tomara a la reivindicación de gendarmes y prefectos como pretexto para un gran conato poblacional destituyente.
Los caceroleros no acudieron. Hay entre ellos fanáticos antigobierno, y otros muy enfrentados al kirchnerismo, aunque quizá más reflexivos. Lo cierto es que mostraron no querer mezclarse en una acción obvia y evidentemente desestabilizadora. Quizá fantaseen con la caída de la presidenta, pero muchos de ellos no están dispuestos a ser carne de cañón de decisiones de otros a los que no conocen, y cuyas intenciones no pueden escrutar. Los caceroleros mostraron que desconfían de fuerzas políticas que quieren usarlos, sin decirles quiénes son y qué es lo que buscan. Mostraron que su voluntad antigobierno no es necesariamente una voluntad antisistema, y que –al menos una parte importante de ellos– no están dispuestos a ser simples y llanos enterradores de nuestra democracia tan duramente obtenida y sostenida.
El Gobierno mostró decisión para descabezar las cúpulas de Gendarmería y Prefectura. Es una prueba de autoridad a la que nos ha acostumbrado, pero que gobiernos anteriores no han sabido sostener. Y es cierto que el decreto señalaba expresamente que no se podía bajar los sueldos de los efectivos, pero también lo es que finalmente tales sueldos salieron disminuidos. Tamaña chispa era seguro que encendería el fuego. Y si las cúpulas de las fuerzas tuvieron responsabilidad en cómo se liquidaron los sueldos, de cualquier modo debió el Gobierno haber tutelado la cuestión.
De cualquier modo el Gobierno reaccionó, las fuerzas políticas mayoritariamente adhirieron a la democracia (llevando a la vez agua para su molino, pero esto es obvio y esperable) y la población permaneció expectante. Ni quienes están a favor del Gobierno se exacerbaron en ganar la calle de inmediato –lo que podría haber polarizado posiciones–, ni los adversarios salieron a echar querosén a una situación que nadie podría saber cómo terminaría, ni a quién iba a favorecer.
Por ahora, prueba aparentemente superada, si bien se requiere la total desmovilización de los efectivos en protesta. Por ahora, muestra de madurez cívica de los argentinos. Decimos todo esto provisionalmente, solo “por ahora”. La llamada a una movilización golpista para comienzos de noviembre nubla hacia el futuro el panorama político, mostrando desde ya que hay actores sociales que se oponen insistentemente a que la paz y la institucionalidad sean lo que predomine.