Abusos de fuerzas de seguridad

Se ha difundido de nuevo en estos días, pero ocurre desde décadas: vejámenes y torturas a presos o detenidos.

Propinadas por fuerzas policiales o penitenciarias de diversas provincias, entre las cuales Mendoza es protagonista desde lo que sucede en sus cárceles, triste privilegio que nos ha puesto hace ya mucho tiempo en la mirada internacional. Y también Salta, Neuquén, más provincia de Buenos Aires, siempre presente en el tema desde la administración de Scioli y su discutido ministro Casal.
 
No faltan los que -a menudo de mala fe- declaran que "el gobierno nacional se ocupa de los derechos humanos de antes, pero no de los de ahora". Cabe subrayar que está muy bien que se ocupe de los crímenes de la dictadura, y ningún abuso actual puede deslegitimar la destacable política que ha llevado a la justicia a los responsables de  aberraciones que incluyeron robos de bebés y personas vivas tiradas desde aviones, entre otros cientos de procedimientos macabros e incalificables.
 
Pero además habrá que atacar frontalmente lo que ocurre a través de dependencias policiales y penitenciarias actuales, las cuales mayoritariamente pertenecen a las provincias, no a jurisdicciones en las que opera directamente el Estado nacional.
 
Golpes, requisas a presos, abusos con ellos que llegan a que en provincia de Bs.Aires se los libere momentáneamente para que salgan a robar para los carceleros, simulacros de fusilamiento, usos del llamado "submarino" y otras técnicas de tortura muestran que hay hábitos de tiempos de la dictadura que permanecen en algunos sectores importantes de las actuales fuerzas de seguridad.
 
No faltarán los que crean que eso formaría parte de una efectiva política de seguridad, que suponen eficaz por su dureza para con los detenidos.
 
Al margen de que los detenidos muchas veces luego se establece que no son culpables, en los casos en que sí lo son no merecen esta clase de tratos. Ya bastante injusto es el sufrimiento es subsistir en sitios hacinados y peligrosos que a veces tienen condiciones deplorables, para además soportar condiciones infrahumanas de tratamiento por el personal penitenciario.
 
Además, que nadie crea que tratando mal a los detenidos se gana en seguridad. Todo lo contrario: se forma en ellos tal grado de esperable odio y resentimiento, que cuando salen pueden ser mucho más peligrosos que antes. La cárcel, en vez de resocializarlos, con su violencia puede volverlos antisociales absolutos.
 
Pero además, es obvio que la impunidad de sectores de las fuerzas de seguridad asociados al delito atenta enormemente contra la población. Mucha gente suele comentar de lugares en que se vende drogas y se pregunta cómo es que la policía no los conoce; la relación de sectores policiales con el negocio del juego, el de la prostitución y ahora el del narcotráfico ha sido señalada por la ministra nacional de Seguridad, pero además nada tiene de nuevo respecto de lo que dicen desde hace mucho los que conocen sobre estos temas.
 
De tal modo, si no se pone coto a la impunidad de las fuerzas de seguridad en sus abusos sobre los derechos humanos de los ciudadanos, no se podrá límites tampoco a la impunidad de aquellos malos policías o penitenciarios que son agentes del delito, y que son más difíciles de controlar que los civiles, pues se supone que ellos son los que vigilan a terceros (no los que debieran ser vigilados).
 
Por supuesto que hay buenos policías y buenos penitenciarios. Que hacen tareas que no son nada fáciles, que algunos de ellos arriesgan la vida por el bien de la comunidad; y algunos la pierden en esa decisión noble y  extrema tan necesaria para la protección social.
 
A la vez, ello no autoriza al remanido "es sólo un mal policía" cuando se descubre corrupción en la institución; a veces se trata de redes numerosas y extendidas, y a menudo se incluye a personal de alto rango en tales redes.
 
De tal modo, es un imperativo terminar con estos hechos de violencia institucional en tiempos de democracia. Ellos son absolutamente reprochables e inadmisibles.
 
Es cierto que el gobierno nacional no tiene jurisdicción inmediata sobre la seguridad en las provincias. Pero se puede -y se debe- impulsar leyes nacionales sobre el tema, que obliguen a las provincias a cumplirlas (aunque sus legisladores, como en Mendoza con la ley Petri, pretendan oponérseles con previsible resultado de declaración de inconstitucionalidad para la decisión mendocina). Hay una enorme obligación moral de tomar medidas enérgicas sobre esta cuestión. La democracia está sana saldando cuentas legalmente con el pasado violento del país, y a la vez debe extender con más fuerza el control de algunos atropellos que siguen ocurriendo en la actualidad.