Mendoza · Cámara de Diputados

Analizan protocolo para embarazos adolescentes

Diario Jornada | Jueves, 23 de Setiembre de 2010 : 18:19

Diputados de las comisiones de Derechos y Garantías y de Salud, y autoridades del hospital Lagomaggire, acordaron realizar unas jornadas de trabajo para comenzar a definir un protocolo que determine las funciones que le competen a cada organismo público involucrado en la problemática del embarazo adolescente.


El objetivo, es cubrir un vacío legal que hoy impide un seguimiento de las embarazadas menores de 18 años que llegan a las distintas maternidades de la provincia, producto en la mayoría de los casos, de un hecho delictivo.
Los legisladores, que se trasladaron hasta ese centro asistencial, fueron motivados por una denuncia radicada por una empleada del Registro Civil en la comisión de Derechos y Garantías, que preside Ricardo Puga (PIM).
Según explicó Puga, la mujer advirtió sobre la circulación de un papel que textualmente dice “Mamá soltera, el rata que te hizo esto te dejó sola. Nosotros podemos cuidar tu bebé”, inscripción a la que se le adjunta un numero telefónico.
La denuncia, fue puesta a disposición del director del hospital, Roberto Correa, con quien acordaron organizar una jornada con el fin de protocolizar las actuaciones que deben realizarse ante la presencia de embarazos en menores de edad. Es que según indicó el diputado, embarazos hasta los 13 años son producto de una violación, por más que haya consentimiento en la relación, mientras que desde los 13 a los 15, está tipificado como estupro.
De allí, surge la necesidad de dejar establecido quién tiene que hacer la denuncia ante estos casos, dónde y ante quién.
Para Hugo Babolené (PD), la finalidad es involucrar a distintos actores para “evitar una posible trata de personas. Esto tenemos que hacerlo con el Registro Civil, la Dinaf, los colegios” – porque a veces son las escuelas las primeras receptoras de adolescentes embarazadas – “para que la justicia determine qué hacer en estos casos”.
Por su parte, Néstor Pares (UCR), explicó que “hasta hace algunos años, esto era competencia directa de la justicia de Familia y había un seguimiento con asistentes sociales, pero después pasó a la órbita de la Dinaf y quedó un vacío”.
Puga, resaltó que “no queremos que se vea afectado el buen nombre del hospital”, pero hay “que buscar soluciones a estas mamás, porque siempre hay un vivo que intenta comprar un bebé”.
El titular de la comisión de Salud, Alberto Recabarren (PJ), destacó en tanto que “esto es la punta del ovillo” y que “lo más importante que hay que tener en cuenta es que se trata de un delito. Lo que queremos hacer es cerrarle la puerta a estos hechos delictivos y si no está protocolizado, esto no se puede hacer”.
Asimismo, Norma Moreno (PJ), añadió que además, “la función es proteger a la mamá – niña y al bebé, para evitar esto antes de que ocurra”.
En igual sentido, José Barrigón (UCR) expresó que “las instituciones son atacadas por el delito. Los hospitales, las escuelas, y la función es unirse para que el delito no llegue a las instituciones”.
Por su parte, el director del hospital, Roberto Correa, se manifestó “de acuerdo a abrir las puertas a la investigación para que la comunidad se sienta protegida con esos protocolos”.
En ese sentido, los legisladores solicitaron al hospital un listado de los bebés nacidos en el período 2009-2010, que será remitido a la justicia y para que a través de la Dinaf, se realice un seguimiento para ver si esos menores están en sus casas, atendidos por sus familiares o han sido presuntamente víctimas de trata.

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