El presidente de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, Ricardo Puga (PIM), y el secretario de Ambiente de la provincia, Guillermo Carmona, presentaron hoy una denuncia penal contra la empresa Keghart.
El presidente de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de
Diputados, Ricardo Puga (PIM), y el secretario de Ambiente de la
provincia, Guillermo Carmona, presentaron hoy una denuncia penal
contra la empresa Keghart, sindicada como la presunta responsable de
la contaminación del agua con mercurio, en el mes de abril.
Acompañado por los diputados José Barrigón (UCR) y Hugo Babolené
(PD), los integrantes de la comisión se trasladaron hoy hasta el
predio que ocupa la empresa en el departamento de Luján, con el
objetivo de corroborar la existencia de un pozo en el que se habrían
arrojado residuos industriales, y que fue denunciado – como una nueva
prueba – por ex trabajadores de la firma que se dedicaba a la
fabricación de hipoclorito y soda cáustica
Hasta el lugar, llegaron también funcionarios de la cartera de
Ambiente y de la Municipalidad de Luján, encabezados por el intendente
Omar Parisi, quienes solicitaron ingresar a la planta para
inspeccionar el sitio referido por los denunciantes.
Desde la empresa – que se encuentra clausurada por orden de la
justicia – llamaron al abogado que lleva la causa, Dardo Pérez Hualde,
quien advirtió que sólo la autoridad de aplicación (la Secretaría de
Ambiente) podía ingresar.
Según esgrimió el letrado, “es una propiedad privada y estamos en
juicio”, por lo que el ingreso quedaba vedado para el resto de la
comitiva.
Igual argumento manifestó la ayudante de fiscal Sandra Canese, quien
se constituyó en el domicilio de la empresa a pedido de los
legisladores. “Primero hay que radicar la denuncia para que un juez de
garantías autorice el ingreso”, dijo, y agregó que “al no haber una
orden judicial”, se deben respetar los principios constitucionales que
protegen la propiedad privada.
Así, tanto los diputados como el secretario Carmona se trasladaron a
la Oficina Fiscal número 15 de Carrodilla, donde dejaron asentada una
denuncia penal aportando las pruebas acercadas por los ex
trabajadores.
Simultáneamente, Parisi y el director de Protección Ambiental,
Ricardo Debandi, junto a abogados del municipio y la Secretaría de
Ambiente, ingresaron al predio.
“Verificamos la denuncia que había realzado el personal en la
comisión de Derechos y Garantías”, señaló Debandi en relación a un
pozo que se encontraba “escondido”, tapado con una tapa de madera,
nylon y tierra, bajo una estructura cilíndrica de metal.
“Hemos pedido la orden de allanamiento para realizar las
verificaciones”, añadió, mientras Parisi apuntaba que se había
solicitado la presencia de una topadora de la Municipalidad de Luján
“para poder mover un molde de metal que ocultaba el pozo”.
Además, se pidió a la Universidad Nacional de Cuyo que realice un
muestreo, “previa orden de allanamiento” para que el material que se
extraiga para su análisis “pueda ser incorporado a la causa”.
La denuncia de los ex empleados
Según indicó Puga, un grupo de trabajadores llevó a la comisión de
Derechos y Garantías una denuncia que daba cuenta de la existencia de
un pozo de 200 metros de profundidad, oculto bajo un molde metálico,
donde se habría arrojado efluentes industriales altamente tóxicos
“contaminando las napas freáticas”.
La presentación ante la comisión, fue “ratificada por firma de los ex
trabajadores quienes aducen haber recibido órdenes directas” tanto del
dueño de Keghart como de los jefes de planta.
“Es un acto criminal porque se trata de gente que sabe del cuidado
que debe tener con la cuestión ambiental”, manifestó el legislador.
Expresó al mismo tiempo, que el hecho de concurrir al predio fue “una
acción del Estado provincial en su conjunto, para tratar de resolver
un problema de vieja data” e intentar “acreditar una metodología de
trabajo que no sólo contaminaba las napas freáticas sino que además
demuestra la falta de responsabilidad de esta empresa”.
Tras la denuncia penal presentada, Puga señaló que “la comisión de
Derechos y Garantías va a ser muy exigente, para que jueces y
fiscales actúen como corresponde y los responsables vayan presos”.
Reubicación de los ex trabajadores
Puga, adelantó que el personal que cumplía funciones en la firma
comercial y que quedó sin trabajo tras la clausura, serán tomados “en
forma provisoria” por la Municipalidad de Luján, hasta tanto se logre
“una empresa recuperada, a través de una ley especial, reubicada en el
parque industrial”.
En total, son 40 las personas que serían absorbidas por el Municipio.
En ese sentido, el intendente Parisi afirmó que “este personal
seguramente debe tener perfiles interesantes, porque se trata de gente
especializada”, por lo que les solicitó que envíen a la comuna
detalles de currículum, composición familiar y demás datos personales,
para su ubicación laboral.
Situación de la empresa
Si bien la empresa está clausurada, Dardo Pérez Hualde indicó que
“estamos con una acción de ampro y una administrativa”
“Hemos apelado la decisión del juez”, en una segunda instancia en la
Primera Cámara Civil y “hemos presentado una acción administrativa
ante el Poder Ejecutivo por los perjuicios” que implicó la clausura,
apuntó.
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