Revocan procesamientos a militantes del Partido Obrero

La Cámara Federal de La Plata revocó el procesamiento y sobreseyó a cuatro integrantes del PO acusados de "extorsión" por cortar las vías a la altura de la estación Avellaneda el 23 de diciembre de 2010.

   Se trata de una causa que se inició por una denuncia realizada por el entonces secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien había procesado a los cuatro manifestantes por el delito de "extorsión e interrupción a los medios de transporte".
   Los procesados eran Jorge Darío Hospital, Omar Esteban Merino, Eduardo Belliboni y Miguel Omar Morales, cuyos procesamientos fueron apelados por la abogada Claudia Ferrero.
   "La decisión debe ser revocada, pero el hecho merece una mejor descripción, que debe comenzar con la referencia a una constelación de circunstancias no reflejada en este expediente,
pero cuya pública notoriedad obliga a no desatenderla si no se quiere resolver a espaldas de lo que todo el mundo conoce", sostiene el fallo, mediante el cual la Cámara Federal de La Plata dictó el sobreseimiento.
   En ese sentido, los jueces tuvieron en cuenta que, previo a esa manifestación y tras el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, hubo una reunión con autoridades y la empresa en la que se acordaron varios puntos, entre ellos el pase de tercerizados a planta permanente en el ramal Roca.
   "La falta de cumplimiento de lo acordado en los resoluciones anteriores y en los plazos allí establecidos impulsó a las personas afectadas a realizar, el día 23 de diciembre de 2010, a
las 11.30, una nueva manifestación en las vías próximas a la Estación de Avellaneda", señaló en su voto Leopoldo Schiffrin.
   En ese sentido, rechazó que haya existido intimidación, puesto que "los manifestantes jamás exigieron la firma de documento alguno ni a UGOFE S.A. ni al Ministerio de Trabajo, sino el
cumplimiento de un acuerdo celebrado, en la sede del Ministerio de Trabajo, entre la UGOFE S.A. y FFCC Belgrano S.A., por un lado, y las empresas subcontratadas, por otro, cuyos plazos estaban vencidos".
   "Es preciso subrayar que las manifestaciones en la vía pública forman parte del derecho de reunión y pertenecen a la esencia del sistema de gobierno constitucional y republicano", indicó el fallo.
   Además, el Tribunal criticó al juez Armella por basarse casi exclusivamente como prueba para procesar a los manifestantes en la denuncia presentada por el Gobierno nacional y en actas
policiales.
   "En definitiva, de todo lo expuesto podemos concluir que no se ha probado que las personas que participaron en la manifestación de Avellaneda hayan creado algún peligro plausible para los bienes o personas", concluyeron.
   El voto del juez Schiffrin fue compartido por el camarista César Álvarez, mientras que -en minoría- la jueza Olga Calitri también rechazó que haya existido extorsión pero consideró que  sí
estaba probado que debía imputarse a los manifestantes el corte de vías e interrupción de servicios.