Todos los organismos deberán contratar servicios de empresas estatales

El Gobierno nacional dispuso que el cobro de salarios de empleados públicos deberá realizarse a través del Banco Nación, que la flota de autos oficiales deberá cargar combustible de YPF y que los vuelos de los funcionarios deberán realizarse a través de Aerolíneas Argentinas.

   Así lo dispuso a través de una serie de decretos publicados hoy en el Boletín Oficial, por medio de los cuales el Poder Ejecutivo busca "dotar de coherencia a las adquisiciones que realiza el Estado Nacional", según los textos firmados por la presidenta Cristina Kirchner.
   Uno de los decretos establece la implementación del pago de
haberes de los agentes públicos a través del Banco Nación, que es
uno "de los principales bancos del mercado en materia de pago de
haberes", y por eso "se estima oportuno disponer que el pago de
haberes de todo el personal de las jurisdicciones y entidades de
la Administración Pública Nacional se realice" a través de esa
institución.
   Otro decreto dispone que "las jurisdicciones y entidades del
sector público nacional deberán adquirir los automotores
destinados al cumplimiento de sus objetivos institucionales
mediante contratos de leasing con Nación Leasing S.A".
   Asimismo, un tercer decreto establece que "la provisión de
combustible y lubricantes para la flota de automotores,
embarcaciones y aeronaves oficiales" deberá concretarse a través
de YPF.
   En cuanto a los vuelos, el Poder Ejecutivo dispuso que los
funcionarios y empleados del Estado deberán contratar con
Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas "los pasajes que
requieran para el traslado por vía aérea tanto dentro como fuera
del país".
   Por último, un quinto decreto establece "la centralización de
la gestión del proceso de contratación de telefonía móvil, radio y
transferencia de datos" para "obtener mejores condiciones que las
que obtendría cada organismo si realizara la contratación en forma
individual".
   El Gobierno justificó todos los decretos al señalar que "las
políticas que se implementen en materia de contrataciones públicas
deben ser comprensivas de modalidades con las que los organismos
estatales puedan cumplir con más eficacia y economía sus
objetivos, en aras del bienestar general".
   "Las políticas que se implementen en materia de contrataciones
interadministrativas deben contribuir a mejorar la eficacia, la
eficiencia en el uso de los recursos y la economía en el
cumplimiento de los objetivos de las jurisdicciones y entidades
del sector público, contribuyendo al mismo tiempo a la realización
del interés general, cuya gestión incumbe al Estado Nacional",
añadió.
   Y sostuvo que "resulta oportuno, canalizando el poder de compra
del Estado Nacional hacia entidades que revisten naturaleza
pública, sin dejar de considerar cuestiones relativas a contratar
asegurando servicios de calidad".